Álvarez Conde no acude a declarar alegando «un problema de salud»

El exdirector del extinguido Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) Enrique Álvarez Conde alegó ayer «un problema de salud» ante la comparecencia que tenía hoy prevista ante la juez Coro Monreal en la causa en la que se investiga un delito de malversación de caudales públicos, han informado fuentes jurídicas.

La juez de Instrucción número 34 de Madrid le había citado a declarar como investigado en la instrucción que dio inicio a raíz de una denuncia del rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos. Su equipo detectó anomalías en las cuentas bancarias asociadas a este instituto, centro de la supuesta trama de másteres alterados para que Conde obtuviera «beneficios» económicos y profesionales, según la juez del caso máster.

Recientemente, Coro Monreal asumió esta causa tras ser rechazada por la juez Carmen Rodríguez Medel ante la pretensión de ésta de que se acumulara en el caso de las presuntas irregularidades detectadas en el máster que cursó Cristina Cifuentes.

El pasado lunes, la juez de Instrucción número 51 de Madrid dictó el sobreseimiento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio pero seguirá investigando si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes.

Se trataba de la cuarta ocasión en la que el catedrático iba a desfilar ante un juez de Instrucción. Lo hizo tres veces ante la jueza Carmen Medel por el caso de los másteres, pero en las tres se acogió a su derecho constitucional a no declarar. En las comparecencias leyó un manifiesto en el que tildaba la instrucción de «causa general», algo sobre lo que ya se ha pronunciado en contra la Audiencia Provincial de Madrid.

El pasado mayo, Ramos interpuso una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público.

En la providencia, se mandan requerimientos a dos sucursales bancarias, una española y otra italiana, para que remitan información sobre los movimientos bancarios de las cuentas del instituto. Y que se detalle quiénes eran los administradores y cuántas tarjetas estaban asociadas a estas cuentas.

Ramos llevó las anomalías a los tribunales tras las «graves irregularidades económicas» detectadas en la gestión de este ente y que se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

A su vez, exponía que el informe del delegado para dirigir provisionalmente el IDP «destapa» que el Instituto «nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial».

«Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco», recogía el informe.

También detectaba la existencia de transferencias bancarias «a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago» y que hay «disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros».

«El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto…», exponía el documento.