Un tribunal declara culpable al marido de Pilar Garrido, la española asesinada en México en 2017

Tras esta decisión judicial, la pena que le será impuesta se dará a conocer en una nueva sesión que tendrá lugar el próximo lunes, día 14 de enero, según han informado fuentes del tribunal de enjuiciamiento correspondiente.

El delito de feminicidio puede ser penado con entre 40 años y 50 años de prisión y una multa económica en concepto de reparación de daños, han explicado fuentes oficiales. «Fue un fallo muy desafortunado, con sentencia condenatoria», ha señalado a Televisa el abogado defensor, Jesús Eduardo Govea, que ha anunciado que recurrirán la decisión judicial.

Pilar Garrido, de Massalavés (Valencia) fue secuestrada en Tamaulipas el 2 de julio del año pasado cuando viajaba junto a su marido y en compañía de su hijo, de corta edad. El marido denunció su desaparición e incluso se llegó a elaborar un retrato robot del supuesto secuestrador, aunque ante la falta de petición de rescate se declaró a la valenciana «persona no localizada».

Semanas después, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de este estado mexicano confirmó que los restos óseos localizados el 26 de julio en un paraje cercano correspondían a la desaparecida. La familia solicitó una segunda prueba de ADN en España y se confirmó.

Durante la investigación, la Policía mexicana trató de corroborar el testimonio facilitado por el marido, que fue interrogado en calidad de testigo cuando presentó la denuncia. A finales de agosto, el marido fue arrestado en Tamaulipas como principal sospechoso del asesinato de su mujer, según informó el jefe Procuraduría y confirmó la Policía Nacional de España.

Tras su ingreso en prisión provisional, la familia aseguró que las pruebas contra Jorge Fernández no eran «concluyentes» y la madre se desplazó hasta Tamaulipas para traer al niño. La hermana relató en una rueda de prensa que las autoridades mexicanas no les dieron «las suficientes pruebas que demuestren al 100 por cien que el culpable es Jorge» y agradeció a la Generalitat Valenciana que costeara la repatriación del cuerpo de Pilar.