La vía más recta

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha reactivado la querella contra Fernando Simón presentada a finales de marzo por la Asociación de Consumidores y Usuarios. Tres días después de archivarse provisionalmente la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, la juez comunica, como informa OKDIARIO, que admite la personación de la asociación.

La Asociación de Consumidores y Usuarios, que preside José María Mena, ya presentó  a finales de marzo una querella contra Simón y otros miembros de su equipo, al considerar que «los querellados tenían conocimiento de la situación por la pandemia por los informes que recibían desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) o del Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades (…) y que no sólo no avisaron del peligro a la población sino que animaron a acudir a eventos de masas».

OKDIARIO se ha manifestado editorialmente sobre el error que supuso la demanda presentada contra el delegado del Gobierno en Madrid. Según el criterio de este periódico, convertir a Franco en el objetivo fundamental de la denuncia era errar el tiro, porque quienes disponían de los informes técnicos en materia de sanidad eran Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias. La responsabilidad penal de Franco era muy discutible, porque su conocimiento de la situación sanitaria dependía básicamente de la información de la que disponían Salvador Illa y Fernando Simón. Con la querella contra Simón la situación es distinta, porque se apunta jurídicamente a quien, en virtud de su cargo, estaba al tanto de la evolución de la pandemia. Y no cabe, o es difícilmente defendible, que él y el ministro de Sanidad no estuvieran informados, porque sus cargos les obligan a conocer la realidad de la situación sanitaria.

De modo que la vía que se abre ahora es la más racional y sensata desde un punto de vista jurídico. Y esa vía abre un abanico nuevo de posibilidades, porque si Fernando Simón y su equipo advirtieron al Gobierno de la situación, las supuestas responsabilidades penales irán hacia arriba. Y por arriba de Simón, estaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y, por encima, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presidente y vicepresidente del Gobierno de España.