Talgo y una nueva excusa intervencionista del Gobierno

El Gobierno intensifica su perfil intervencionista en la economía. Con la excusa de la pandemia, creó una ley antiopas que pretendía impedir que la caída en la capitalización de grandes compañías españolas ligada a las restricciones del coronavirus facilitase su compra por competidores extranjeros. Sinceramente, creo que tampoco tenía sentido entonces, pues lo que tenía que haber hecho el Gobierno es levantar restricciones y dejar que las empresas pudiesen desarrollar su actividad, con prudencia, sí, pero trabajando, pero sacó adelante dicha ley.

Ahora bien, una cosa es que entonces la justificase por ese motivo, que todavía podría tener un mínimo pase, y otra muy distinta es que aproveche para emplearla en cualquier momento para evitar que una empresa extranjera compre una empresa española, impidiendo que el mercado pueda llegar a los acuerdos que consideren las partes.

Así, ya lo intentó con Ferrovial, para tratar de impedir el cambio de su domicilio social a Holanda, intentando que actuase como barrera de salida, que, obviamente, el mercado transformó en barrera de entrada, porque ante tamaña inseguridad jurídica, muchas inversiones pudieron haberse perdido. Es imposible de cuantificar lo que no se ha producido, pero sí que sabemos cuánta inversión extranjera llegaba antes de la Presidencia de Sánchez y cuánta llega ahora, y esa cifra es 14.012,98 millones de euros menor.

No contento con eso, cuando el fondo Saudi Telecom (STC), controlado, en un 64% por el fondo soberano de Arabia Saudí, adquirió un 4,9% del capital de Telefónica, junto con otro 5% a través de derivados convertibles en acciones, que, de ejecutar dicha opción, le daría un 9,9% de presencia en el capital, potencial participación aquilatada para no llegar al tope del 10% que la legislación impulsada por el Gobierno en tiempos del coronavirus con el argumento de protección a las empresas españolas por haber perdido valor de capitalización en bolsa y estar baratas para la compra por terceros, anunció la operación, el Gobierno enseguida buscó un contraataque, impulsando la entrada en el capital de Telefónica con un 10%, en una clara involución económica, al regresar el sector público al accionariado de la empresa de telecomunicaciones. El precedente más parecido es el ocurrido en el franquismo, cuando se nacionalizó.

Y ahora, cuando el grupo húngaro Magyar Vagón quiere lanzar una OPA por el 100% de Talgo, operación que, posiblemente, es la última oportunidad para salvarse de la que fuera empresa puntera española en fabricación de trenes, quiere vetar dicha operación con la ley antiopas porque no le gusta que el Gobierno húngaro forme parte del consorcio, no por ser una participación pública, que eso al Gobierno de Sánchez le encanta, sino por ser de un país cuyo signo de gobierno no les gusta.

El grupo Magyar va a seguir, al menos, de momento, adelante con la OPA por el 100%, y el choque entre dos países de la UE se hace más que probable. Ese afán intervencionista del gobierno, que siempre encuentra la excusa perfecta para tratar de frenar decisiones empresariales que no sean de su agrado, sólo genera inseguridad jurídica, que merma la actividad económica y el empleo, pues espanta inversiones.

¿Qué va a hacer el Gobierno si no fructifica la OPA de Magyar y Talgo tiene que cerrar por no encontrar una alternativa a sus problemas? ¿Qué va a decir al respecto a todo el personal de Talgo, cuando puede hacerles perder la oportunidad de mantener sus puestos de trabajo? No sería de extrañar que ante esa hipótesis el Gobierno se pueda llegar a plantear adquirir Talgo, que pasaría a ser gestionada fuera de los criterios de mercado, bajo el paraguas del sector público, que los datos dicen que suele ser menos eficiente que el privado, con coste, además, para todos los contribuyentes.

El Gobierno debe dejar de interferir en el libre juego del mercado, debe allanar el camino para que lleguen inversiones y debe dar seguridad jurídica, porque lo contrario sólo conduce al empobrecimiento.