El Supremo no es un circo independentista

Los independentistas han intentado convertir el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo en un circo independentista. Un propósito que, afortunadamente, ha sido noqueado con determinación por el magistrado Manuel Marchena. En la jornada de este miércoles, el ex dirigente y concejal de la CUP, Antonio Baños y Eulàlia Reguant, citados como testigos en la causa del 1-O, se han negado a responder a las preguntas del letrado de VOX, Javier Ortega Smith, que representa a la acusación popular. Un privilegio, les ha recordado el magistrado, del que no pueden gozar porque son testigos y no imputados en el proceso. Una negativa que responde, según los antisistema catalanes presentes en la Sala, a una cuestión de “dignidad democrática y antisfascista” porque definen a la formación de Santiago Abascal como “machista y xenófoba”.

Tras los avisos de un paciente Marchena, ambos dirigentes han sido expulsados y multados con 2.500 euros, de acuerdo con el Art. 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y si no rectifican se enfrentan a un delito de obstrucción a la justicia tipificado en el Art. 463.1 de Código Penal que acarrea penas de prisión de tres a seis meses. Por otro lado, y por si la bufonesca teatralización de los separatistas no había provocado suficiente bochorno,  Joan Tardá, diputado de ERC, también citado como testigo, ha asegurado con descaro que este juicio en el Supremo “está basado en la venganza”. Una disparatada afirmación que sólo pretende deslegitimar la independencia de la Justicia española de cara a los observadores internacionales y despojar a España de la categoría de democracia plena otorgada por la prestigiosa asociación de magistrados europeos Medel o el ‘Democracy Index’ la revista The Economist. 

Una vez más, ya lo demostraron saltándose el mandato del Tribunal Constitucional celebrando un referéndum ilegal en octubre de 2017 y una descabellada Declaración Unilateral de Independencia a finales de ese mismo mes, los separatistas ponen en evidencia que no profesan ningún respeto por la legalidad vigente a la que todo ciudadano español debe adherirse. Ni Tardá, ni Baños, ni Reguant han sido capaces de comparecer ante el Alto Tribunal con el debido respeto que se requiere y han convertido su turno de palabra en un acto verdaderamente infame que deben tener las consecuencias penales pertinentes.