Sordo y Álvarez: la revolución subvencionada

Hay algo profundamente melancólico, casi de vodevil con pancarta, en contemplar a los sindicatos españoles de hoy. Aquellos hombres que se jugaban el pellejo en las fábricas, en las cuencas mineras -que yo viví en primera persona y eso sí era sindicalismo en estado puro-, en las asambleas clandestinas y en las comisarías deben de estar revolviéndose en algún lugar de la memoria colectiva. No porque el sindicalismo haya dejado de ser necesario (que lo es, y mucho), sino porque sus actuales representantes parecen haber confundido la defensa de los trabajadores con la administración de un chiringuito de respetabilidad institucional, subvención presupuestaria y fotografía de agencia.

Uno recuerda a Marcelino Camacho, con aquella dignidad de ferroviario curtido, la camisa de pana y la voz de quien no necesitaba un asesor de comunicación para explicar por qué estaba allí. O a Nicolás Redondo, que tenía la incómoda costumbre de llevarle la contraria incluso a los suyos cuando entendía que los intereses de los trabajadores estaban por encima de los intereses del partido. Eran hombres de otra madera, con biografía, cicatrices y una idea del sindicalismo claro.

Y estaban los mineros. Ah, los mineros, mis mineros que se jugaban la vida bajo tierra. Aquellas huelgas que hacían temblar las cuencas de León y Asturias y le recordaban al país que detrás de cada tonelada de carbón había una familia, un salario, una vida y una dignidad que no se negociaba con una nota de prensa. Se negociaban los convenios a pulso; yo, como prensa, hacía puertas durante horas, porque entraban a negociar y no salían hasta finalizar fuera la hora que fuera.

Marcelino Camacho, Gerardo Iglesias, Nicolás Redondo, Antón Saavedra, los hombres del SOMA y de las Comisiones Obreras mineras. Las marchas, los encierros, las barricadas, los trenes cargados de trabajadores que llegaban a Madrid para hacerse oír. Había conflicto, había organización, había sacrificio y había una causa reconocible. Uno podía estar de acuerdo o no con sus métodos, pero nadie podía confundir aquello con una excursión institucional, señores míos de ahora.

Felipe González conoció aquel sindicalismo, como lo conocieron los parlamentarios de una generación que todavía entendía que el Parlamento no era un plató de televisión. Allí estaban Dolores Ibárruri, la Pasionaria, con su oratoria de hierro; los hombres y mujeres que habían atravesado una guerra, una dictadura y una Transición que no vino precisamente envuelta en papel de regalo. Y estaba también la memoria moral de Machado -que tanto sacan a relucir los sanchistas-, que no fue parlamentario, pero dejó escrito un país mucho más serio que el que algunos parecen empeñados en representar. Aquellos hombres y mujeres discutían de ideas, de libertades, de salarios, de derechos y de España.

Hoy tenemos a Unai Sordo y Pepe Álvarez. Y uno se pregunta cuánto tiempo más piensan permanecer al frente de unas organizaciones que necesitan una profunda renovación. No se trata de negar su legitimidad ni de desconocer el trabajo de miles de delegados que se dejan la piel en empresas, hospitales, talleres y oficinas. Se trata precisamente de respetar ese trabajo y de preguntarse por qué sus cúpulas parecen cada vez más alejadas de quienes deberían representar. Cuando uno va por un problema sindical y de trabajo, acaba en el abogado especialista de turno, pero no del sindicato, sino el que se paga fuera.

La afiliación sindical española ronda el 12-13% según las últimas series comparables de la OCDE y los análisis de Funcas. En 2009 llegó al 16,9%. La base social envejece y los jóvenes no encuentran en estas organizaciones un interlocutor que les hable de sus problemas con su idioma y desde sus condiciones de vida.

El Ministerio de Trabajo ha convocado 32 millones de euros en subvenciones sindicales para 2026. En 2020, la convocatoria máxima era de 8,9 millones. Es decir, el dinero público destinado a esta partida se ha multiplicado de forma extraordinaria mientras la afiliación pierde fuerza.

Por eso Unai Sordo y Pepe Álvarez deberían plantearse seriamente marcharse. Dimitir, dejar paso, abandonar el sillón y permitir que entre aire fresco. No porque sean los únicos responsables del deterioro sindical, sino porque llevan demasiado tiempo representando una etapa que necesita ser revisada.