Un registro necesario

Las personas que han sufrido agresiones sexuales, ya sean físicas o psicológicas, no sólo cargan con el abuso o las amenazas inherentes a ese tipo de delitos. Además, combaten la vergüenza que supone reconocerlo socialmente e incluso se autoinculpan de lo sucedido. Una carga que en la mayoría de los casos acaba en depresión, desorden psiquiátrico e incluso suicidio. Por eso resulta fundamental la creación de un Registro de Delincuentes Sexuales por parte del Gobierno. Una herramienta más para establecer mecanismos eficaces de prevención, investigación y castigo en la constante lucha contra esta lacra. Sobre todo a la hora de cuidar la integridad de los menores, los grandes indefensos ante un tipo de ataque que copa el 20% de las causas penales del Tribunal Supremo según la Asociación para la Sanción y la Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia.

Merced a este registro que propone el Ejecutivo, los profesores, monitores y todos aquellos que trabajen con menores de edad deberán obtener un certificado que acredite que no han cometido delitos de índole sexual. Un archivo que no funcionará a modo de estigma público, ya que sólo tendrán acceso a él los profesionales: tribunales y jueces de cualquier orden jurisdiccional, Ministerio Fiscal y Policía Judicial. La medida está avalada por el Consejo General del Poder Judicial que justifica la evidente injerencia en la intimidad de la persona cuando la información resulte un mecanismo imprescindible para prevenir o investigar la violencia sexual contra menores.

Dado que con Internet la posibilidad de agresión y chantaje va más allá de nuestras fronteras con suma facilidad, el Registro de Delincuentes Sexuales también afecta a los extranjeros que residan en nuestro país. Si quieren trabajar en España deberán estar exentos de delito alguno en su país de origen. Una medida que es nueva en nuestro territorio pero que articula desde hace años la sociedad de algunos países de la primera división europea. Es el caso de Reino Unido y su ‘Disclosure and Barring Service’ —antiguo ‘Criminal Records Bureau’— un registro renovado que desde 2012 se encarga de certificar que los trabajadores de sectores como la sanidad o los aeropuertos no cuentan con antecedentes penales. Tanto es así que empresas de otros ámbitos también excluyen a los candidatos del proceso de selección si son incapaces de aportar un certificado que demuestre que no cargan con ningún antecedente penal.

El registro que ha creado el Gobierno aporta soluciones que le dan un carácter más global ya que además incluirá un archivo de ADN por si fuera necesario en una resolución judicial. También estarán incluidas aquellas personas condenadas por sentencias en firme contra la libertad sexual tanto en el territorio español como en el extranjero así como los culpables de trata de seres humanos y pornografía. Gracias a esto último, se perseguirá la exposición de fotografías y vídeos de contenido sexual que puedan servir de chantaje o amenaza contra cualquier persona. Una moda abyecta que ha copado el ciberespacio en los últimos tiempos y que ya ha sido castigada con cárcel en países como Estados Unidos. Por lo tanto, con este Registro de Delincuentes Sexuales, España se acerca a la dinámica de las grandes democracias del mundo y pone coto a una práctica delictiva que, a través de sus variadas y complejas ramificaciones, suele golpear con extrema dureza a los más indefensos: los niños.