Ni un Pujol en la cárcel
Tres décadas de gobiernos de CiU en Cataluña bajo la sombra del 3% han permitido a la familia Pujol reunir una fortuna de varios miles de millones de euros. Los dineros evadidos a Andorra en bolsas de deportes atestadas de billetes de 500, las multimillonarias inversiones de Oleguer al más puro estilo de un jeque árabe con fondos procedentes de un sinfín de paraísos fiscales, las operaciones inmobiliarias y los pelotazos al amparo del tráfico de influencias de Josep, las mordidas de Oriol, los lamborghini de Jordi Pujol jr. y sus proyectos en el Puerto Rosario son sólo algunas muestras de cómo ha brotado y se ha multiplicado la prosperidad allí donde se pronunciaba el apellido Pujol.
El trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, los jueces y los medios de comunicación han confirmado que, lo que para muchos era un secreto a voces en Cataluña, constituye cuantitativamente el mayor escándalo de corrupción de la democracia.
Sin embargo, en España la pena de banquillo parece reservada hasta ahora para folclóricas como Isabel Pantoja, financieros como Javier de la Rosa y Mario Conde que se habían vuelto demasiado peligrosos para todos los partidos políticos, o incluso para toda la cúpula de Unió Mallorquina (UM), la formación dirigida por Maria Antònia Munar como una organización para delinquir a la sombra del poder. Por no mentar el drama de la mujer canaria a la que encarcelaron por incumplir una orden de derribo.
Mientras incluso el extesorero del PP Luis Bárcenas ingresaba en prisión, ninguno de los miembros del clan Pujol ha llegado a pisar la cárcel, a pesar de las incontrovertibles pruebas de una actividad económica basada en el cobro sistemático de comisiones ilegales bajo el paraguas del nacionalismo que mantiene en jaque al Estado. Sólo esa suerte de chantaje político, mantenido durante varias décadas, explica que los miembros de la familia del expresident hayan sido durante demasiado tiempo intocables ante la Justicia española. Lo que nadie entiende es que a estas alturas de la película continúen estando al margen de la ley con el consentimiento tácito de quienes deben aplicarla. ¿Se atreverán algún día a pedir prisión para una banda familiar que ha robado más dinero público que nadie en nuestra historia contemporánea?
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