Las primeras declaraciones económicas del Gobierno

Como ya dije en el último artículo, tras la composición del Gobierno habían surgido algunas voces que consideraban que el peligro económico de un populismo radical de izquierdas se había disipado con algunos nombramientos ortodoxos, como el que se esperaba de Calviño como vicepresidenta -el propio Sánchez lo había anunciado en el debate electoral- y con la sorpresa del fichaje de Escrivá como ministro de la Seguridad Social.

De la misma manera, comenté que, a mi modo de ver, la ortodoxia no iba a poder imponerse, sino que el ala más radical sería la que sacaría a relucir la fuerza del acuerdo de Gobierno que firmaron Sánchez e Iglesias, donde, claramente, se detallaba una política económica de gasto expansivo, elevación de impuestos y un mayor intervencionismo económico.

Tampoco parecía fácil, en ese sentido, que Escrivá pudiese llevar a cabo una reforma profunda de las pensiones, como propuso la AIReF cuando la presidía, y que, simplemente, le pedirían que calculase qué impuestos debía subir y en qué cuantía.

Pues bien, aunque todavía es pronto para sacar una conclusión definitiva, las primeras declaraciones económicas del Gobierno, y algún acuerdo adoptado, se encuentran en la dirección de una política económica más cerca de Podemos que de una socialdemocracia que parece que ha sido enterrada, veremos si de manera definitiva, por Sánchez.

De esa forma, la ministra de Trabajo insistió en que su objetivo es derogar la reforma laboral, para devolver derechos a los trabajadores, según manifestó. Por su parte, Calviño, que debería representar la ortodoxia, no la desmintió, sino que se limitó a decir que la modificación de la reforma laboral acabará con los abusos salariales.

En medio de dicha discusión, y aunque no lo ha aprobado todavía el Gobierno -posiblemente, lo adornarán con alguna reunión previa con los agentes sociales- todo parece indicar que el salario mínimo se incrementará, habida cuenta de la posición que adopta la ministra de Trabajo.

Del mismo modo, el Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se liga la revalorización de las pensiones al IPC, que supone un importante incremento de gasto para el sistema -al menos, 1.400 millones de euros más este año- y que debilita más la viabilidad de dicho sistema. No consta que Escrivá se haya opuesto, con lo que, si es quien tiene que reformar el sistema público de pensiones, mal empieza si lo que quiere es garantizar su viabilidad.

Con todo ello, se van confirmando los temores y el Gobierno va abrazando la idea de dar cumplimiento a la política económica de dicho acuerdo de Gobierno, que debería ser incompatible con los perfiles más técnicos, como Calviño y Escrivá, pero que no parece que vaya a haber dicha resistencia tecnócrata. Si al final se confirma la victoria del ala radical, la economía se resentirá.