La política del pasamontañas

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 24/10/2026 05:40
  • Actualizado: 24/10/2026 05:40

Hay una estampa que debería inquietar a cualquier demócrata español: una plaza pública, un cordón de policías, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto por pasamontañas y pañuelos varios y, al otro lado, un partido político que pretende celebrar un mitin. Los encapuchados gritan contra el fascismo. Algunos arrojan objetos a los agentes. La policía carga. Las calles se convierten en un escenario de confrontación -permitida por delegaciones del Gobierno- y la política, que debería dirimirse mediante la palabra y el voto, amenaza con regresar al lenguaje primitivo de la pedrada.

No es una escena imaginaria. El 21 de octubre de 2026, la visita de Santiago Abascal a A Coruña terminó en disturbios en la plaza de María Pita. Numerosos manifestantes acudieron con el rostro cubierto; se lanzaron objetos contra el dispositivo policial y hubo detenidos, agentes lesionados y manifestantes heridos. A ese encuentro han llegado otros estos días con el mismo resultado por toda la geografía española.

No hace falta comulgar con Vox, ni compartir una sola de sus propuestas, para comprender la gravedad del asunto. La libertad de reunión no es una prerrogativa reservada a quienes piensan como nosotros. Es precisamente el derecho que debemos defender cuando habla alguien a quien incluso no votaríamos. Porque lo peor no es Vox, que no ha hecho nada fuera de la Constitución; es que hemos tenido que aguantar en el Parlamento a los herederos de ETA, Bildu. Y no ha pasado nada; aunque sangraran nuestras entrañas, hemos callado. 

Y aquí empieza el problema español: cuando determinados grupos se arrogan la facultad de decidir quién puede ocupar una plaza, qué ideas merecen ser pronunciadas y qué ciudadanos deben ser expulsados del espacio público, esos grupos autodenominados antifascistas corren el riesgo de convertirse en una coartada para ejercer una forma de intimidación política.

Y es que, en España, hemos terminado por convertir la palabra fascista en un comodín de la discusión política. Se pronuncia con la ligereza con que se arroja una colilla a la acera: contra el adversario, contra el discrepante, contra quien defiende una idea incómoda o, simplemente, contra quien se encuentra en la acera ideológica equivocada o eso pensamos.

El historiador Robert O. Paxton, uno de los grandes estudiosos del fascismo, no lo reduce a una estética, a una bandera o a un insulto. Lo analiza como un fenómeno político que combina nacionalismo excluyente, movilización de masas, culto a la unidad, legitimación de la violencia y abandono progresivo de las restricciones democráticas.

Pero vamos al pasamontañas; tiene, sin dudas, una ventaja política extraordinaria. Permite que el rostro desaparezca mientras la consigna adquiere una falsa majestad colectiva. Nadie es del todo responsable cuando todos se ocultan detrás de la multitud. La mano que arroja una piedra se diluye entre cien manos; el individuo desaparece y queda el grupo, esa criatura sin cara a la que tantos cobardes confían sus pequeñas ambiciones de héroe mediocre.

No toda persona que cubre su rostro en una manifestación lo hace por cobardía; puede haber motivos legítimos de privacidad o seguridad. Pero cuando el anonimato acompaña a la agresión organizada, cuando los encapuchados avanzan contra un cordón policial y convierten el mobiliario urbano en proyectiles, la máscara deja de ser un simple accesorio y se convierte en un problema de responsabilidad.

El problema de fondo es otro: la tentación de convertir la calle en un tribunal político sin jueces, sin garantías y sin apelación. Una suerte de jurisdicción improvisada en la que el acusado es quien piensa diferente; la sentencia consiste en impedirle hablar y la ejecución corre a cargo de quienes se han nombrado a sí mismos guardianes de la pureza ideológica.

Y la última reflexión. En política, el silencio puede significar prudencia, indiferencia, cálculo o simple ausencia de declaraciones. Pero cuando se producen episodios graves de violencia callejera, la ciudadanía tiene derecho a exigir a sus gobernantes una posición pública inequívoca en este caso del Gobierno.

Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, tiene una responsabilidad institucional que trasciende las conveniencias de partido. Lo mismo sucede con el ministro del Interior, Grande Marlaka, los responsables territoriales y los dirigentes de todas las formaciones parlamentarias. Una democracia no puede funcionar con un código moral para los adversarios y otro para los aliados. Pedro Sánchez, por mucho que lo quieran encapsular sus defensores, es el peor presidente de la democracia.

Hannah Arendt dedicó buena parte de su obra a estudiar el totalitarismo y la fragilidad del mundo político compartido. Su pensamiento invita a desconfiar de las explicaciones que reducen toda la realidad a una lucha absoluta entre el bien y el mal. Cuando desaparece la pluralidad y el adversario deja de ser un interlocutor para convertirse en una amenaza que debe ser eliminada de la vida pública, la convivencia entra en una zona peligrosa.