Otro saqueo fiscal a cuenta de la nueva financiación

Todas y cada una de las mejoras del modelo de financiación autonómica que se han llevado a cabo en los últimos treinta años han conducido inexorablemente a un nuevo saqueo fiscal y a otorgar más poder a la clase política. La razón de estas subidas fiscales a cuenta de cada reforma del modelo reside en un principio que ha hecho fortuna, el llamado principio del statu quo, también llamado principio donde nadie pierde. Este principio consiste en que ninguna de las quince autonomías de régimen común, ni siquiera la más favorecida en términos de financiación per cápita como pueda ser, por ejemplo, Cantabria, va a salir perdiendo con el nuevo modelo. Como la tarta a repartir (en torno a 150 mil millones de euros entre la quince) es un sistema de suma cero, es decir, lo que unos ganan los otros lo pierden, si ninguna autonomía pierde con el nuevo modelo, significa que todas van a ganar (o al menos quedarse igual) con la reforma del modelo.

Hasta ahora ninguna de las reformas del modelo ha consistido en un trasvase neto de dinero de una autonomía a otra, por ejemplo, desde Cantabria, una de las más favorecidas, a la Comunidad Valenciana, una de las más perjudicadas. En términos absolutos, quiere eso decir que las quince autonomías siempre van a recibir más dinero del que recibían con el viejo modelo. Así, en la reforma llevada a cabo por José Luís Rodríguez Zapatero de 2009, en la que los baleares fuimos junto con los catalanes de los principales beneficiarios, el Estado tuvo que poner encima de la mesa 11.000 millones de euros adicionales para cuadrar la cuantía total a repartir entre las quince autonomías de régimen común. Todas las autonomías ganaron, unas más que otras, claro. Naturalmente, estos 11.000 millones de euros adicionales que puso el Estado para cubrir todos los aumentos de financiación de las 15 autonomías salieron de nuevas subidas de impuestos, de nuevas emisiones de deuda (impuestos diferidos) o de recortar en los pocos servicios públicos que todavía permanecen en manos del Estado.

Lógicamente, los políticos autonómicos (los de Baleares y los de cualquier otra comunidad autónoma) nos venden cada una de estas reformas de financiación como un éxito porque, colectivamente como baleares, «salimos ganando» en conjunto, aunque eso quiera decir que en última instancia los baleares vamos a tener que pagar más impuestos y, en consecuencia, vayamos a perder más cuotas de libertad a manos de unas élites políticas extractivas cuyo poder nunca deja de aumentar.

Creerse que porque la casta política va a administrar más dinero los administrados vamos a tener mejores servicios («mejores servicios sanitarios y educativos», repiten para vendernos la burra) es una falsedad que sólo puede defenderse desde la más adolescencia política y desde la absoluta ignorancia de lo que es el poder. El último ejemplo lo tenemos con la clase política de Cataluña, la más extractiva de España, que, en virtud del reciente pacto entre ERC y PSC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad, ya se frotan las manos porque algunas estimaciones apuntan a que podrían llegar a administrar el doble de lo que ahora administran. Al salirse del modelo de financiación del régimen común los catalanes van a recaudar todos los impuestos que se recaudan en Cataluña, sumándose a un concierto similar al que tienen vascos y navarros. Los catalanes van a dejar de contribuir a la caja común en una cantidad que oscila entre 25.000 millones y 30.000 millones de euros según las primeras estimaciones, unos millones que ahora van a administrarlos ellos.

Ya vamos conociendo algunas partidas en las que el PSC y ERC van a gastar esta fabulosa cantidad, partidas que no van orientadas precisamente a mejorar los paupérrimos servicios públicos de los catalanes. Se trata de treinta nuevos chiringuitos, entre ellos una nueva consejería consagrada a la política lingüística, una convención nacional para la resolución del conflicto político social derivado del golpe de Estado del 2017, una oficina para seguir y monitorizar la aplicación de la amnistía, un nuevo consorcio para monitorizar y ejecutar las inversiones del Estado, más embajadas en América Latina y Asia, un foro catalán por la paz, una autoridad aeroportuaria para Cataluña o una oficina para promover las selecciones deportivas catalanas. Como en todos los pactos, se trata de colocar a los militantes más conspicuos de todos y cada uno de los partidos que forman parte de él, sin que quede nadie por colocar o sin alguna que otra prebenda.

Los liberales tenemos como principal obligación bajar a los políticos del pedestal en el que creen encontrarse gracias a sus voceros y subordinados, pedirles cuentas por lo que hacen, desconfiar siempre de ellos y, en consecuencia, apostar por un gobierno lo más limitado posible hasta el punto, si se tercia la ocasión, de dejarlos en los huesos presupuestarios para que pasen en vela sus noches de insomnio pensando en cómo van a sufragar sus compromisos. Como nunca van a renunciar al inmenso poder que nunca tuvimos que haberles dado, hay que exigirles que bajen impuestos y gasten en lo estrictamente necesario. Nuestra libertad, riqueza y prosperidad son inversamente proporcionales a las suyas.