Mónica Oltra: tic-tac, tic-tac, tic-tac…

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que instruye la causa contra Mónica Oltra, su ex jefe de gabinete Miquel Real y Francesc Gamero, actual secretario de Hacienda de la Generalitat valenciana, por prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, pidió a la Policía los números de sus teléfonos corporativos para investigar el papel de los tres entre el 4 y el 20 de agosto de 2017, las llamadas intercambiadas entre ellos y los mensajes respecto a la investigación que se seguía por la denuncia de abusos sexuales de una menor tutelada por su Consejería por parte del que era entonces pareja de Oltra, Luis Ramírez, educador en un centro.

Las pesquisas policiales en relación con el análisis de estos teléfonos es clave para determinar si Oltra y su equipo más cercano encubrieron los abusos sexuales. El juez podrá pronto corroborar si las llamadas que dijeron haber realizado o recibido eran ciertas y si se cruzaron mensajes entre ellos relativos al caso de la menor abusada por la investigación paralela que abrió la Consejería de Igualdad cuando ya había un procedimiento judicial abierto. Durante su declaración ante el juez, Mónica Oltra expuso una versión de su participación en los hechos distinta radicalmente de lo que declaró en el Parlamento, por lo que el análisis de los teléfonos servirá para comprobar cuando mintió -eso es indudable-, si cuando dijo que estaba al tanto de lo ocurrido en relación con la denuncia de la menor abusada o cuando dijo que no tuvo información. Parece evidente que todas las maniobras de la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano se han dado de bruces contra la actuación de los tribunales de justicia. El cerco judicial se estrecha y Oltra, una vez fuera del Gobierno valenciano, ha perdido también su capacidad de influir en las terminales mediáticas de la izquierda, que ya la han dado por políticamente amortizada. Su horizonte penal es cada vez más negro.