El manicomio burocrático de Armengol

Cuando en el debate electoral de IB3 algunos candidatos se preguntaron por qué a día de hoy la Administración sigue dando citas previas a las personas mayores y no citas presenciales como antes de la pandemia, a la presidenta del Govern, Francina Armengol, le faltó tiempo para arreglarlo: «Siempre los socialistas vamos un poco más allá, queremos llevar una ley que la garantice (la presencialidad para las personas mayores), no sólo en los servicios públicos sino también en algunos servicios privados esenciales como los bancos o los servicios de telefonía». La ridícula propuesta de Armengol de matar moscas a cañonazos se encuadra perfectamente en lo que ha venido haciendo en estos últimos ocho años.

A cada problema que surge, a cada nuevo desafío, la respuesta del PSOE es sistemáticamente promulgar una nueva ley y, a ser posible, un nuevo organismo público. Se trata, como siempre, de simple y pura burocracia, un nido para corruptelas futuras y nueva coartada para enchufar a sus amigos y políticos profesionales en edad de jubilación. Cuando la izquierda aborda un nuevo problema nunca lo aborda con los innumerables instrumentos que ya tiene en su haber, sino que anuncia nuevos planes estratégicos, nuevas leyes, nuevos planes de acción y por supuesto nuevos organismos pagados del erario público. Conminados a hacer algo y en dar una respuesta al problema, a falta de una gestión eficaz, la izquierda promete más recursos, más burocracia, más regulación. Esta es la forma de obrar de la izquierda, que en su afán intervencionista y ordenancista, no pierde ocasión de regular otro aspecto más de nuestras vidas.

Con la coartada de resolver «una demanda de los ciudadanos», la que sea, la izquierda no hace sino engordar más su poder político con más control y detrayendo más recursos al ciudadano de a pie. Dos formas, regular y saquear a impuestos, de quitar poder al ciudadano y dárselo a los políticos. En 2022 y gracias en gran parte a la inflación, la autonomía balear disparó sus ingresos fiscales en 1.000 millones de euros más. No obstante, hay políticos como Lluís Apesteguia o Josep Melià que todavía se atreven a quejarse del actual sistema de financiación. Esta «mejora» de la financiación que anhelan Més y Proposta per les Illes se traduciría en una nueva subida fiscal que, lógicamente, sufriríamos de nuevo todos los baleares. Pese a pagar más impuestos que nunca, cuando los trabajadores por cuenta ajena asisten consternados al ver evaporarse el 40% de sus rentas salariales, nadie es capaz de explicarles por qué servicios públicos como la sanidad o la educación no mejoran en la misma proporción que sus exacciones fiscales. Los empresarios, por su parte, tiemblan ante los cambios regulatorios que se producen sin cesar, la inseguridad jurídica y los cuellos de botella que causa la dispersión normativa en varias administraciones.

En lo que hace referencia a engordar la Administración, Francina Armengol y Pedro Sánchez se parecen como dos gotas de agua. Han montado tal tinglado legislativo, normativo y burocrático que resulta prácticamente imposible revertirlo sin cercenar la extensa red de «derechos consolidados y adquiridos» y de «intereses creados» de la que viven muchísimas personas, no sólo enchufados y militantes de partido. Una táctica habitual para que nadie se atreva a desmantelar todo este gatuperio es enchufar a allegados de la oposición para que cuando ésta última gobierne deje las cosas como están.

El último ejemplo de Armengol en este sentido ha sido el anuncio de la creación de una empresa pública de suelo, ignorando olímpicamente al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), que ha venido haciendo exactamente lo mismo y que, por cierto, está quebrado debido precisamente a la desafortunada compra de miles de metros cuadrados de suelo rústico para construir viviendas sociales en unos terrenos donde nadie quiso construirlas. Estas funestas políticas de vivienda fueron obra y gracia de otra socialista que, como Armengol y otros tantos jerarcas que figuran en los primeros lugares de las listas electorales socialistas, ha sido premiada por sus reiterados fiascos: Catalina Cladera, actual presidenta del Consell Insular y candidata al mismo. En su etapa de gerente del Ibavi, Cladera llevó al Ibavi a la bancarrota y comprometió a varios ayuntamientos a asumir parte de la deuda provocada por el agujero contable contraído.

Esta nueva empresa pública encargada de comprar suelo para construir viviendas sociales que ha prometido estos días Armengol no es un caso puntual, sino el más relevante tal vez de este manicomio burocrático que ha levantado el pacto de progreso desde 2015. El programa electoral del PSOE no deja lugar a dudas. Armengol quiere añadir al centenar de empresas, institutos, consejos, agencias, autoridades, comisonados, observatorios y consorcios públicos que actualmente dependen de la mamandurria de los presupuestos de la comunidad algunos más. En su venerada Cataluña, hay más de 500. Todavía hay camino por recorrer, dirán. Sin salir de la vivienda, los socialistas anuncian además la creación de una Consejería de la Vivienda y también de un Observatorio de la vivienda para (sic) «conseguir datos precisos que permitan el análisis y el diagnóstico necesarios para formular soluciones y establecer medidas ligadas a los precios de referencia objetiva a cada zona».

No acaba aquí la cosa. Para simplificar y poner orden en el embrollo normativo y administrativo que el pacto de progreso ha puesto en marcha en su frenesí ordenancista, al PSOE no se le ocurre otra cosa que crear una Agencia de Desarrollo Regional, que tendrá por objeto «reducir la burocracia, simplificar el acceso a las herramientas dinamizadoras de la administración». Para reducir la burocracia, Armengol propone … más burocracia. Por supuesto, cualquier organismo inane existente como el Instituto de Desarrollo Industrial (IDI) no debe reinventarse ni mucho menos suprimirse para dar paso a un nuevo organismo menos inane y que desempeñe mejor las funciones que ya realiza. La política socialista es otra: mantener lo viejo inútil y sumarle además lo nuevo, tan inútil como lo viejo, claro. Y si es necesario, otro organismo que coordine lo viejo y lo nuevo. Esta nueva Agencia de Desarrollo Regional que aparece en el programa electoral socialista actuará como «ventana única empresarial»-esta ventana única prometida una y tantas veces por todos los partidos y que nunca acaba de llegar- en coordinación con las cámaras de comercio «para ganar eficiencia, reducir burocracia y facilitar el acceso a todos los mecanismos de estímulo público existentes». Un pez que se muerde la cola.

Para mejorar la transparencia pública y la dación de cuentas de los compromisos adquiridos por los políticos, el PSOE propone crear el Consell Obert de les Illes Balears. Para defender a los consumidores, el PSOE promete crear la Agencia de Consumo de Baleares y a su vez una Escuela de Consumo para educar a los baleares en temas de consumo. Para cambiar el modelo económico balear hacia una mayor diversificación, el PSOE quiere crear la Agencia de Recerca de les Illes Balears, que facilitará la labor de los investigadores a la hora de captar fondos europeos y agilizar los trámites administrativos. Ya saben, para combatir la burocracia, más… burocracia. Para coordinar la movilidad del transporte público el PSOE anuncia la creación de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Mallorca.

Estas nuevas agencias que aparecen en el programa socialista se sumarían a otros tantas que se han creado en los últimos ocho años tan peculiares como la Oficina de Defensa de los derechos lingüísticos, el Consell LGTBI, el Instituto de Industrias Culturales (ICIB), la dirección general de Soberanía Alimentaria, la dirección general de Memoria Democrática, la dirección general de Derechos y Diversidad, la dirección general de Modelo Económico y Ocupación, la dirección general de Transparencia y Buen Gobierno, la Secretaría Autonómica de Memoria Democrática y Buen Gobierno, el Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB), el comisionado autonómico del Govern de les Illes Balears en Madrid o la comisión de Ética Pública. A cual más necesario, como pueden imaginarse. Tan necesarios o más como la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción, esta especie de gestapo a la balear que acepta denuncias anónimas y luego las filtra a los medios, sin capacidad sancionadora ni judicial alguna (como la Sindicatura de Cuentas, otra que tal) y que a la postre ha servido para perseguir a los rivales políticos de Armengol como a la mismísima Marga Prohens o a algunos alcaldes que no son de su cuerda.

Muchos de estos organismos, cuyo nombre ya delata el activismo ideológico y cultural de una izquierda enloquecida, invitarían tal vez a la hilaridad si su coste sólo fuera económico y redundara únicamente en el bienestar de los políticos y en el de sus asociaciones afines. Desgraciadamente, no es así. La izquierda, en su afán por extender esta guerra cultural para afianzarse en el poder toda vez que sus antiguos presupuestos socialdemócratas han sido asumidos por todos los partidos, no da puntada sin hilo. Todas estas oficinas de sesgo marcadamente ideológico otorgan el membrete oficial e institucional, ofrecen el marchamo de respetabilidad, al conjunto de ideas que conforman el posmodernismo woke (resumido en la nueva santísima trinidad de la diversidad, inclusividad e igualdad) y antioccidental (traducido aquí en antiespañol).

Estos chiringuitos hacen propaganda de estas ideas mediante campañas de concienciación y sensibilización pagadas con dinero público, difunden este ideario en medios de comunicación, guarderías, centros de enseñanza, universidades, administraciones, iglesias o el mundo de la cultura. Al final, son pocas las instituciones no públicas que no sucumben al encanto de unas ideologías disparatadas que repudiaban sólo hace unos años pero que, de la noche al día, les parecen tan clarividentes y verdaderas que estos nuevos conversos no se explican cómo habían podido estar equivocados tanto tiempo. Pocos son los que no sucumben a la vanguardia cultural del momento y esta moda, naturalmente, la marca la izquierda que se sirve precisamente de todos estos organismos, «inanes» a primera vista, para dominar cultural, social y moralmente a una sociedad que no tiene mecanismos de defensa frente a la ola sentimental que la golpea a todas horas.