Lo de Adif es un delito de atentado contra la seguridad en el trabajo
Las denuncias de los trabajadores de Adif apuntan a una indecente respuesta del organismo público ante una amenaza de bomba recibida el pasado 6 de noviembre, después del trágico accidente de Urda. Y decimos indecente, pero podríamos hablar directamente de la comisión de un delito, puesto que la empresa tomó la decisión de no informar al personal de la amenaza y sólo se desalojó una de las tres plantas. Por fortuna, tras inspeccionar la Policía las instalaciones, los agentes comprobaron que se trataba de una falsa alarma, pero lo que está claro es que se incumplieron todos los protocolos en materia de seguridad. Y es que en las plantas que no se evacuaron estaban, de acuerdo con la denuncia, «tanto el personal del H24 como el personal de circulación del CRC de Atocha». El H24 es el Centro de Gestión de Red H24 (CGRH24). Son los empleados que gestionan en tiempo real la circulación de los trenes desde las mesas de control. Lo ocurrido es gravísimo, porque se antepuso la continuidad, sí o sí, del servicio a la seguridad e integridad física de los trabajadores.
El caso de Atocha no sería aislado, pues, según ha podido saber OKDIARIO, un trabajador del CRC de Barcelona, que ha pedido mantenerse en el anonimato, ha relatado a este periódico un episodio similar ocurrido en la Ciudad Condal hace años. Ante una amenaza de bomba en la estación de Francia, «el técnico de regulación impidió a los operadores de la mesa del CTC salir».
El reproche central de los denunciantes es el silencio. Cabe preguntarse qué grado de irresponsabilidad son capaces de exhibir quienes colocan a los empleados de Adif ante una suerte de ruleta rusa. No es una anécdota, sino una situación gravísima ante la que tiene que intervenir la Inspección de Trabajo y veremos si la justicia. Porque si quien lanza una falsa amenaza de bomba comete un delito, quien ante una amenaza de bomba no articula los procedimientos de evacuación previstos, también. Concretamente, el artículo 316 del Código Penal tipifica el delito de quienes no facilitan los medios necesarios y omite las medidas de seguridad básicas. Más claro, agua.
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