Una ley que alienta a los violentos y criminaliza a la Policía

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana ha desbordado la paciencia de policías y guardias civiles, hartos del ninguneo y acoso del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha diseñado una nueva norma que deroga la denominada por la izquierda «ley mordaza» del PP y cercena de manera fragrante la capacidad las fuerzas de seguridad del Estado ante las protestas violentas, además de mermar el principio de autoridad de Policía y Guardia Civil.

La situación es límite, de modo que el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Jupol, y el Sindicato Unificado de la Policía, CEP, han alzado la voz para cuestionar duramente una reforma que criminaliza a los policías, pone en riesgo a sus familias y atenta contra los derechos de los ciudadanos, al conceder a los violentos un margen de impunidad evidente. Y es que la nueva ley deja sin efecto la prohibición de difundir imágenes de los agentes sin autorización previa. Es decir, se pone en serio peligro la integridad física de los policías y sus familias, además de quebrar de raíz la salvaguarda para el derecho a la intimidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por todo esto, Policía y Guardia Civil llevarán a cabo movilizaciones el próximo 27 de noviembre, una vez constatada la nula voluntad negociadora del ministro de Interior. Y es que todas y cada una de las promesas de Grande-Marlaska han sido incumplidas.

Al final, que nadie se engañe, quien ha salido ganando es Podemos, que ha logrado su propósito de que la ley se adapte a esa visión totalitaria en la que la Policía es vista como una fuerza represora. Gana el populismo de ultraizquierda y todos aquellos que hacen de la violencia su forma de vida. Y pierden los encargados de velar por el cumplimiento de la ley y garantizar la libertad y seguridad de todos, que es tanto como decir que quien ha salido derrotada es la propia sociedad española.