Jueces de la Junta Electoral detectan en la Ley de Nietos un tufo a pucherazo

Que hasta cuatro vocales de la Junta Electoral Central hayan firmado un voto particular en desacuerdo con la resolución dictada por el organismo arbitral sobre la llamada Ley de Nietos revela que hay magistrados que entienden que la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de octubre de 2022, realizada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, «contiene disposiciones contrarias a la propia ley que pretende desarrollar o ejecutar», es decir, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

En esencia, lo que vienen a decir es que la resolución alteró por la puerta de atrás el sentido estricto de la norma, que permitía la nacionalización de los descendientes del exilio, para extenderla a cualquier descendiente de español que hubiera abandonado el país en cualquier momento. El objetivo era claro: alterar el censo electoral en beneficio del PSOE por la vía de conceder nacionalizaciones a cambio de votos.

Hasta cuatro miembros de la Junta Electoral creen que se ha producido un «incremento irregular» del censo electoral porque la instrucción del Ministerio de Justicia para aplicar la conocida como Ley de Nietos abrió la puerta a la nacionalización a muchas más personas de las previstas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar. Estamos hablando de votos particulares de insignes juristas, miembros incluso del Tribunal Supremo, que plantean una cuestión de máxima trascendencia: «Si la Junta Electoral Central no es la competente para poner fin a un incremento formidable e irreversible del censo en contra de lo previsto en la ley, ¿quién lo sería?

«No solamente tenemos la competencia o la facultad de actuar, sino también la obligación de impedir que se amplíe el censo contra legem», remarcan, y concluyen avisando de que de su «inacción por presunta falta de competencia, se van a derivar efectos irreversibles». Más claro, agua. En definitiva, que la propia Junta Electoral Central detecta en la Ley de Nietos —como viene denunciando OKDIARIO— un inequívoco tufo a pucherazo.