El escándalo crece día a día

El Canal de Isabel II es el escándalo que no cesa. De hecho, crece día a día para estupor de los ciudadanos, que comprueban escandalizados de qué manera tan arbitraria y fraudulenta utilizaron el dinero público sus representantes a finales de 2001, cuando Alberto Ruiz Gallardón era el presidente de todos los madrileños. A tales cotas de gestión presuntamente delictuosa llegaron en este asunto que, al margen de las corruptelas denunciadas previamente por OKDIARIO, ahora descubrimos que la empresa pública incluso llegó a firmar un aval de 2,2 millones de euros por Inassa antes incluso de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) aprobara la adquisición de la compañía suramericana.

Una cantidad que formaba parte de «un aval irrevocable y no transferible». Por lo tanto, podría haberse perdido si la compra —fraudulenta de cualquier forma— no se hubiera concretado finalmente. Hablamos, por tanto, tal y como advirtió la Fiscalía Anticorrupción, de un plan perfectamente estructurado donde la premeditación era un factor preponderante. Algo que demuestra que el interés público carecía de peso alguno en esta operación. Se trata, a tenor de los hechos, de una maniobra donde el mero interés de unos pocos se adueñó del dinero público de todos. Con el agravante, además, de que el plan se desarrolló a través de sociedades offshore radicadas en Panamá. La Fiscalía Anticorrupción debe llegar hasta el final, caiga quien caiga, y depurar todas las responsabilidades.

Asuntos como estos pervierten la democracia hasta convertirla en un mero guiñapo. Por otra parte, extienden una sombra de duda sobre toda la clase política que no es real, ya que la excepción no puede convertirse nunca en la regla. No obstante, y para que no quede el más mínimo resquicio de duda, la justicia ha de ser inapelable. Inassa es el claro ejemplo de lo que jamás debería ser una empresa pública. Su adquisición se cerró por 83 millones de euros, al menos un 70% más de su valor real. No sólo eso, sino que además habrían pagado 40 millones de euros en comisiones en el paraíso fiscal de Panamá según los investigadores. Todo lo anterior, unido al crédito anticipado de 2,2 millones, constituye un latrocinio que no puede volver a ocurrir. Hablamos de millones esquilmados con una facilidad hiriente para todas aquellas familias que cumplen con la ley día a día y aún así tienen dificultades para llegar a fin de mes.