El dinero público no es de nadie porque no existe

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al igual que para su vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, el dinero público no sólo no es que no sea de nadie, es que, además, parece que posee el don de la invisibilidad cuando se habla de los habituales viajes del socialista. Según una respuesta del Ejecutivo en el Portal de Transparencia, las dos semanas de vacaciones de Navidad de Sánchez junto a toda su familia –su esposa Begoña Gómez y sus dos hijas, perrita incluida–, en la isla de Lanzarote y Doñana no han supuesto ningún desembolso extra para nuestro erario público.

Con respecto a la residencia lanzaroteña de La Mareta, el Ejecutivo directamente rechaza la petición de información sobre la estancia vacacional; mientras que en lo relativo a la finca de Almonte (Huelva) sí que se acepta la pregunta, pero asegura que “no se generó ningún gasto de las partidas generales de mantenimiento y suministros de los que disponen anualmente para el funcionamiento del Palacio de Marismillas”. Con esta respuesta parcial, el Gobierno vuelve a poner en evidencia que está llevando a cabo una gestión absolutamente opaca y que, además, está faltando de manera obscena a la verdad porque, tanto para ir a Lanzarote como a Doñana, así como para regresar a Madrid, Sánchez hizo uso del Falcón, varias obras de arte fueron trasladadas desde el Palacio Real a La Mareta con un coste de más de 9.800 euros o se adjudicaron contratos de seguridad por valor de casi 6.000 euros.

El dinero público, a pesar de la grotesca afirmación por todos recordada de la ex ministra de Cultura socialista, es de todos y cada uno de los españoles que pagan sus impuestos de manera religiosa y honrada. Es un bien crematístico que se pone en manos de los representantes políticos para que lo manejen de manera responsable, una cualidad que, a tenor de la respuesta en el citado portal gubernamental, brilla por su ausencia cuando hablamos de la transparencia del Ejecutivo. Los gastos que generan los viajes de Sánchez, tal y como determinó el Consejo de Transparencia, son de interés público y, por lo tanto, deben ser publicados de manera clara y sin vaguedades.