Dignidad antes que una paz indigna

Colombia se niega a dejar impunes más de 222.000 asesinatos, 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados. El 50,22% de los colombianos prefieren la dignidad de una justicia íntegra a una paz indigna por la que quedaría en casi nada el medio siglo de atroz narcoterrorismo. La victoria del ‘no’ es el triunfo de los colombianos sin temor y, especialmente, de Álvaro Uribe, defensor a ultranza de la libertad y activista decidido contra el terror. El expresidente ya lo advirtió: “La impunidad total será la madre de las nuevas violencias”. Su propio padre fue asesinado a manos de las FARC y tras una intensa campaña junto a Andrés Pastrana, antaño rival político, ha conseguido que su mensaje cale entre la población y no haya descanso para aquellos cabecillas que ordenaron matar, violar, secuestrar y torturar durante más de cinco décadas.

Aunque de manera muy ajustada —menos de 63.000 votos de diferencia— casi 6.500.000 colombianos han rechazado el acuerdo que Juan Manuel Santos firmó el pasado 26 de septiembre con el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’. El actual presidente queda muy tocado después de implicarse en una campaña que ha tenido resonancia a nivel mundial y donde, desde el principio, él ha tratado de sacar el rédito político correspondiente para situarse, costara lo que costase, como el «líder histórico» que llevo la paz a su país. De hecho, este plebiscito sobre la ‘Ley de Amnistía’ ha sido publicitado con recursos públicos y evidente desigualdad en el trato del «sí» sobre el «no».

El resultado en las urnas responde de un modo taxativo a un acuerdo envenenado que conllevaría sanciones mínimas —entre cinco y ocho años de prisión en delitos graves— para los asesinos. Además, supondría daños irreparables para la economía del país que, para empezar, tendría que aumentar considerablemente el gasto público y, por lo tanto, los impuestos a personas que fueron víctimas o, simplemente, vivieron en riguroso arreglo a la legalidad. Según un informe de Bank of América, en los términos que propone Santos, la paz costaría un mínimo del 1% del PIB anual durante los próximos 10 años y podría aumentar hasta el 3,8%. Demasiado castigo para los inocentes, indigno premio para los verdugos. A expensas de lo que pueda pasar de aquí en adelante, y con el objetivo primordial de mantener el alto el fuego, esta inapelable respuesta del pueblo colombiano recuerda a la que dio Winston Churchill ante los Acuerdos de Múnich de 1938: “Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor, y ahora tendréis guerra”.

El político inglés se opuso así al tratado que propició su antecesor como primer ministro, Neville Chamberlain, y por el que el Tercer Reich de Adolf Hitler se anexionaba la región checa de los Sudetes. Lo consideraba igual que abrirle la puerta a los nazis para hacerse con toda Checoslovaquia, como de hecho sucedió en 1939. Con las evidentes diferencias contextuales, el Gobierno de Santos ha de luchar con la ley y por la ley contra las FARC y garantizar un proceso de paz justo por el que los terroristas paguen por los crímenes cometidos. Colombia no debe permitir que los padres del terror desfilen sin mácula e incluso puedan tener voz y voto en el Congreso. El Ejecutivo de Santos ha de evitar esa tendencia a fabricar una justicia a medida con el objetivo de atribuirse una paz que, en el fondo, no sería más que un mérito de cartón piedra. Sólo conseguiría retrotraer al país a la posición de inicio pero con el escarnio de haber claudicado ante el engaño de los terroristas.