Defender el Estado de Derecho

“Propongo una acción exterior que se sitúe al servicio del desarrollo humano y que potencie las fortalezas de mi país. Mis prioridades son el impulso del multilateralismo y de la Agenda2030, la defensa de la democracia y de los DDHH y trabajar en favor de la paz, las personas, la prosperidad y el planeta”. Quien ha pronunciado esas palabras, completamente desapercibidas para la mayoría, es la nueva ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya durante su primera comparecencia. En un momento de crisis de imagen en el exterior alentada por el independentismo catalán con el prófugo Puigdemont sentado como eurodiputado para insultar a diario la calidad democrática en España, el funcionamiento de nuestras instituciones y los engranajes de nuestro Estado de Derecho, lo que menos necesita nuestro país es una representante de la diplomacia que sea pastueña en la defensa de los intereses nacionales.

Este viernes hemos conocido que Exteriores ha dado el visto bueno a la apertura de tres representaciones, llamadas también ‘embajadas’, de Cataluña en el exterior. Todo lo contrario, a lo que se ha estado haciendo en los últimos cinco años. A la ministra de Exteriores no le debe temblar el pulso a la hora de cerrar, como ha hecho la Justicia, unas sedes del independentismo en el exterior que sólo buscan la diferenciación con España y agitar su maquinaria propagandística. De lo contrario, puede ser tachada de cómplice del inhabilitado Torra. Dice la ministra que ya no hay riesgos “para el entorpecimiento a la labor exterior de España”. Con Josep Borrell al frente del Ministerio de Exteriores, es decir, hace mes y medio, se explicó que las oficinas de representación catalanas en el extranjero resultaban lesivas para los intereses españoles. “Son un instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España”, sostenía entonces el Ministerio.

La nueva ministra de Exteriores no puede hacer frente a sus obligaciones desde la pasividad y la tolerancia con los que quieren resquebrajar la unidad nacional desde dentro y desde fuera. Porque al final se deduce que hay un intento de blanqueamiento del secesionismo por conveniencia política y porque desgraciadamente se ha instalado en el argumentario del PSOE. Los socialistas han hecho ahora suyas tesis y comportamientos que antes correspondían a la extrema izquierda de Podemos y eso no traerá más que polarización en la sociedad.

Aupar a una exministra y diputada socialista en el puesto de Fiscal General del Estado, una medida que empaña la imagen de justicia, compromete la imagen de la fiscalía, y destruye la presunción de independencia de la justicia; presionar a los jueces hasta el punto de que te acaban contestando por medio de un inaudito comunicado; anunciar la creación de un Ministerio de la Verdad; alterar el funcionamiento de la actividad parlamentaria con el traslado de los consejos de ministros a los martes y así sucesivamente son ejemplos del debilitamiento institucional al que gobierno social-comunista está sometiendo a España.

En las últimas semanas en la Unión Europea se ha hablado de la deriva autoritaria de Polonia y Hungría. Así, el pasado sábado, cientos de abogados y jueces europeos se manifestaron en Varsovia para defender una independencia judicial que consideran amenazada por el Gobierno en la llamada “marcha de las mil togas”. Mucho me temo que esa clase de protestas en España o no llegarán o serán mucho más benévolas con el gobierno socialcomunista porque quienes denuncian lo que ocurre en Polonia y Hungría están en buena parte financiadas por los ‘globalistas’ o mal denominados ‘filántropos’ que ahora organizan el Foro de Davos y para el que el presidente Pedro Sánchez ha puesto camino como primer destino de su agenda internacional.