Los daños de la ley Montero son eternos

Los efectos del engendro legislativo más nocivo de la historia de la democracia española continúan: el Tribunal Supremo, en aplicación de la ley del sólo sí es sí, se ha visto obligado a rebajar de doce a siete años de prisión —cinco años menos— la condena impuesta a un hombre que violó a una mujer en estado de embriaguez en Bilbao, aprovechándose de su vulnerabilidad. Y es que ahora, cuando retumban los ecos del viejo mantra de la izquierda, ese «No a la guerra» al que Sánchez se abraza como si no hubiera mañana, los violadores se siguen yendo de rositas por los perversos efectos de una ley que es todo un atentado contra la mujer.

El Alto Tribunal corrige parcialmente a la Audiencia Provincial de Vizcaya por haber aplicado la reforma de forma incompleta, sin imponer las penas accesorias que la propia ley exige. La defensa del penado argumentó que, con el nuevo marco legal, «la condena que le correspondería, por los mismos hechos y con las mismas circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia, por el delito de agresión sexual sería de cinco años, en lugar de los 12 que le fueron impuestos». Y el Supremo no ha tenido más remedio que darle la razón, porque «la seguridad jurídica es, al fin y al cabo, un componente del Estado de derecho» y que, cuando la pena impuesta en su día fue la mínima del marco entonces vigente —entre doce y quince años—, la única solución coherente es reducirla hasta el nuevo mínimo legal. Y en lo que supone todo un reproche a la norma parida por el Ministerio de Igualdad, añade: la ley penal es como «un puzle de piezas que encajan milimétricamente» y «no es posible una fragmentación que permitiera escoger aspectos puntuales de una y otra versión». O sea, que una norma que en teoría nació para reforzar la protección de las víctimas de agresiones sexuales se ha convertido en la mejor aliada de los agresores sexuales.