El coste de la deuda: 45.000 millones anuales
Lo que ha venido a proponer el señor jefe del Gobierno en su primera comparecencia (sin preguntas) es que las clases medias (los auténticamente ricos tienen las piernas muy ligeras y su dinero a buen recaudo) vayan preparando sus bolsillos para menguarlos. El Gobierno que se dice «progresista» (sic) es el que más recauda de toda la historia y aun así cada día el agujero de la deuda pública se hace más grande y negro.
Todas las advertencias llegadas desde dentro y desde fuera al respecto del peligro que representa mantener y aumentar una deuda insostenible se las pasa el Gobierno por el arco de triunfo. Les da exactamente igual hipotecar el futuro de las nuevas generaciones que se tendrán que hacer cargo de los excesos irresponsables de un Gobierno que solo es feliz cuando dilapida.
Sánchez ha enviado a Bruselas la nota con su plan presupuestario en el que reconoce una previsión de pago de 40.000 millones de euros como abono a los intereses de la deuda pública del Reino de España, aunque los principales expertos en la materia reconocen que habrá como mínimo otros 5.000 millones camuflados. El actual presidente asumió una deuda cuando llegó al poder (2018) de 1,2 billones de euros. Un lustro después lo ha situado en 1,6 billones con un gasto público inasumible a corto plazo. Sólo el gasto en pensiones supera esa cifra que, en cualquier caso, se sitúa por encima de las cantidades destinadas a sufragar el desempleo.
Ahora para hacer frente a un gasto tan irresponsable como innecesario en muchas de sus partidas pretenden aumentar aún más los impuestos a las clases medias y trabajadores (diga lo que quiera respecto a los ricos que se chotean de sus amenazas) hasta el límite de la confiscación. Así las cosas, las nuevas generaciones verán confiscado su futuro al tener que hacer frente a los excesos sanchistas.
Pero la sociedad prefiere mirar hacia otro lado mientras compra silente los falsos y podridos relatos (por irreales) que hábilmente cuela el gobierno menos progresista instalado en España desde la muerte del general Franco.
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