Este latrocinio no puede quedar impune

La probable revocación de Daniel Alfonso como director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) podría dejar en el limbo el grave caso de latrocinio del Partido Socialista de Cataluña. Una trama de financiación ilegal descubierta por la propia OAC y que esquilmó más de 70 millones de euros a todos los catalanes a través de 14 ayuntamientos gobernados por los socialistas. El cargo de Alfonso pende de un hilo por el caso de las grabaciones ilegales al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Unas reuniones en las que ambos hablaban de casos de corrupción que afectaban a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Esquerra Republicana (ERC). Hasta que el asunto se aclare, Ciudadanos debería ponderar si merece la pena apoyar su destitución en el Parlament, donde hacen falta el voto de 81 diputados, tres quintas partes de la cámara. Más allá de que ese particular tenga que aclararse de principio a fin, Alfonso ha declarado su inocencia señalando además que se reunía con todos los grupos políticos para tratar este tipo de temas.

Cabe el riesgo de que esa medida suponga la paralización total del ‘Caso Inipro’. Un saqueo que tuvo lugar desde 2003 a 2010 y donde estuvieron implicados distintos cargos del PSC. El modus operandi consistía en adjudicar contratos de cuantías millonarias a empresas gestionadas por personas próximas al partido que, después, iban a fundaciones y asociaciones de los socialistas en forma de donativos. Una práctica a erradicar por completo en nuestro sistema democrático y que se repite con una frecuencia intolerable. Si los partidos quieren regenerar el sistema han de ser implacables con casos tan escandalosos como éste. Por tanto, y dado que la Oficina Anticorrupción ha sido la impulsora de esta investigación, el partido dirigido en Cataluña por Inés Arrimadas ha de sopesar con calma los pros y los contras de apoyar la revocación de Daniel Alfonso. En cualquier caso, si se produjera, el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona tiene la obligación moral y jurídica de llegar hasta las últimas consecuencias y dirimir quién, cómo y hasta qué punto delinquió en esa trama que, de nuevo, vuelve a tambalear los cimientos del Partido Socialista.