El castellano: 13 monedas de plata a Sánchez

Con la ‘Comisión Orwelliana de la verdad’ presidida por el todopoderoso Iván Redondo desde la Moncloa, se produce una inversión total de lo propio de la democracia liberal y parlamentaria tal y como se entiende —cuando menos— en la Unión Europea. Son indisociables de ese concepto la libertad de expresión y una prensa libre también, sólo sometida al imperio de la Ley, y ésta administrada por un poder judicial independiente. En esa democracia, la prensa controla el poder. Pero por una mera Orden ministerial del Ministerio de la señora Calvo, a partir de ahora serán los medios de comunicación y las redes sociales, los que pasarán a ser controlados por el poder. De esta forma, el Ministerio de la señora vicepresidenta, siempre conocido como «de Presidencia», añadirá a su ya kilométrica denominación —«Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria democrática»—, el calificativo ‘y de la Comisión de la verdad’.

Ignoro cómo pudo suceder que un genio de la estrategia y comunicación política como Ivan Redondo, que ayudó a Xavier García Albiol a llegar a la alcaldía de Badalona —la tercera ciudad de Cataluña—  y a José Antonio Monago a la presidencia de la Junta de Extremadura, pudiera ser desaprovechado posteriormente por el Partido Popular. Lo que está claro, a juzgar por sus obras, es que aplica a la perfección aquello de  «gato blanco o  gato negro, lo importante es que cace ratones», que popularizara Felipe Gonzalez allá por 1985 con ocasión de un viaje oficial  a China, y que le habría comentado Deng Xiaoping, líder supremo del momento. El proverbio recoge perfectamente el pragmatismo en estado puro que guía a Sánchez en su acción política.  Cambiemos «cazar ratones» por «conseguir y mantener el poder», y tenemos sus principios, sus medios y su objetivo tan claros como la luz del día.

Sánchez subordinó todas sus promesas y compromisos anteriores al objetivo de alcanzar el Gobierno con ¡84 diputados! Lo hizo por medio de una moción de censura respaldada por los separatistas; los mismos a los que seis meses antes se les había aplicado con su apoyo el artículo 155 de la CE  por haber cometido «un claro delito de rebelión», como afirmó. Seguidamente pactó y gobierna con quienes se comprometió a no hacerlo nunca, Podemos y Bildu entre ellos, además de los separatistas. Ahora, esa actuación política basada en que el fin —mantener el poder— justifica los medios —hacerlo con quienes quieren romper España—, está llegando a cotas inimaginables desde una mínima ética política aceptable.

Esta pasada semana hemos tenido dos ejemplos paradigmáticos sobre su proceder:  que su mano derecha, Iván Redondo, controle la veracidad de lo que informan los medios con la ya citada Comisión Orwelliana; y pactar el apoyo a los presupuestos con los separatistas de ERC a cambio de que el  castellano —español en el resto del mundo— no sea lengua vehicular en el sistema educativo.

La LOMLOE —desagradable acrónimo de la Ley Celaá que hace honor a su lamentable contenido— acaba de añadir una enmienda inconcebible en cualquier cabeza medianamente organizada y con un mínimo de sentido común…. y patriotismo. Que el castellano, lengua española común y oficial del Estado, sea excluido como lengua vehicular en el sistema educativo es, además de inconstitucional como confiemos declarará el TC si el proyecto sigue adelante, un flagrante atentado a la unidad nacional, entre otras muchas cosas. Hace mucho tiempo que la lengua ha dejado de ser solo un instrumento y vehículo de comunicación  interpersonal  y expresión cultural para convertirse en herramienta política al servicio de la causa separatista, en Cataluña desde luego. Tras el Procés no es posible ignorar ese dato de la realidad, y pagar a ese precio los 13 votos de ERC para apoyar los presupuestos, evoca aquel tuit de Rufián que glosaba las 155 monedas de plata  que le endosaba a Puigdemont en aquella jornada de vértigo del pasado 27 octubre de 2017.

Sánchez y su todopoderoso Redondo están jugando demasiado fuerte: aquí el gato blanco y el gato negro son España y la Constitución, y no son moneda de cambio al servicio de su ilimitada ambición de poder.