Deme un abuelo y le consigo un voto

• Diego Buenosvinos
• Especialista en periodismo de salud, política sanitaria y análisis de opinión en OKDIARIO.
• • 17/10/2026 05:40
  • Actualizado: 17/10/2026 05:40

Ley de nietos: España, esa España nuestra tan costumbrista como ciertamente abierta, quiere que el país asuma un nuevo árbol genealógico de aquellos que nunca han pisado su suelo, pero que aspiran a llevar una ramita en su bolsillo como recuerdo de que un día sus antepasados fueron españoles. Así, aquellos vínculos pueden desempolvar la memoria familiar, remontarse unas cuantas generaciones y descubrir que, a veces, la patria se hereda como los apellidos: incluso desde la otra orilla del océano.

Pero ¿de dónde nace este afán por rescatar apellidos que un día fueron españoles y devolverlos, décadas después y a través del océano, al padrón de la patria? Hay que remontarse a 2007, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, vallisoletano de pro, que abrió con la Ley de Memoria Histórica una primera puerta a la nacionalidad de los descendientes. Quince años después, Pedro Sánchez ensanchó el umbral con la Ley de Memoria Democrática de 2022. Y así, entre la reparación histórica y la aritmética parlamentaria, la genealogía empezó a adquirir una inesperada dimensión política: cada árbol familiar podía esconder una nueva rama del censo electoral.

Como escribió Borges, «el pasado es indestructible»; aunque en política, por lo visto, también puede resultar extraordinariamente útil. La controversia sobre los vínculos familiares de personas próximas al poder, entre ellas la hermana del ministro Óscar Puente —también vallisoletano de pro—, alimenta las sospechas de quienes ven en esta ampliación algo más que un gesto de reparación histórica. Conviene distinguir, naturalmente, entre la sospecha y la prueba, entre el parentesco y el delito, entre la memoria y el cálculo. Pero la pregunta permanece: ¿dónde termina la justicia debida a los antepasados y dónde comienza la tentación de convertirlos en capital político?

La filosofía política lleva siglos advirtiendo de que el poder no sólo se conquista: también se conserva, se negocia y se legitima. Maquiavelo lo habría entendido sin necesidad de consultar un árbol genealógico. Y, mientras los casos de corrupción y las tragedias de Adamuz y Ceuta sacuden la agenda pública, la cuestión electoral adquiere un relieve inevitable. No porque pueda darse por probado que una convocatoria electoral obedezca a los votos de los nietos, sino porque toda ampliación del cuerpo electoral merece explicaciones transparentes y escrutinio público que no se ha dado y por ello el Supremo no quiere riesgos, porque una vez que votemos, nada mal hecho antes servirá para cambiar el conteo de votos a partir de las nueve de la noche del día 29-N; así de simple. Por ello es correcto reconocer que ya habrá otras elecciones y nietos que voten, si llega el caso.

Al fin y al cabo, la democracia se sostiene sobre ciudadanos, no sobre apellidos; sobre derechos, no sobre conveniencias. Y, sin embargo, resulta difícil no recordar aquella otra batalla de Pedro Sánchez por recuperar la secretaría general del PSOE, cuando volvió a la primera línea del partido tras su dimisión y ganó las primarias de 2017 frente a Susana Díaz y Patxi López, este último que se ha vuelto tan sumiso que como leal escudero del matrimonio Sánchez.

En mayo de 2017, las bases socialistas hablaron en las urnas. Hubo una batalla feroz, denuncias, polémica por las papeletas y hasta el célebre episodio de las urnas ocultas en Ferraz. Susana Díaz perdió y Pedro Sánchez recuperó la secretaría general. El resultado fue vinculante, y la política tuvo que aceptar lo que habían decidido los militantes, por mucho que disgustara al aparato, o se pensara en votos o no votos. Ahora ocurre igual: una vez pase el 29-N, lo que se permita hasta ese día ya no servirá un día después. Nada hará cambiar el resultado.