El parlamento catalán indulta a los municipios que incumplieron las restricciones en plena sequía

La peor sequía que ha sufrido Cataluña en su historia abocó a la imposición de restricciones de agua a prácticamente al 80% de la población, incluida la ciudad de Barcelona, una situación que desembocó en multas a distintos municipios.

La decisión de emergencia por sequía se tomó el 1 de febrero de 2025 en una reunión extraordinaria de la Comisión Interdepartamental de la Sequía del Gobierno catalán, ante la situación que sufrían los embalses por la falta de lluvias, por lo que se vieron afectados un total de 202 municipios que estaban en preemergencia.

Las restricciones afectaron, además de a la ciudad de Barcelona, a otros 201 municipios de su entorno, que concentran más de seis millones de habitantes.

Derogación de las sanciones

Sin embargo, el parlamento catalán ha validado este miércoles el decreto que deroga las sanciones a los ayuntamientos por incumplir las restricciones de consumo por la sequía.

Unas sanciones aprobadas por el anterior Govern de Pere Aragonès, con el apoyo de PSC-Units, Junts, PP y Aliança Catalana (AC), la abstención de Vox y el ‘no’ de ERC, Comuns y CUP y, que ahora, el nuevo ejecutivo de Salvador Illa perdona a los municipios.

En la exposición de motivos, el Govern argumenta que mantener estas sanciones puede ser contraproducente en el caso de los municipios pequeños con recursos económicos limitados, porque puede dificultar la ejecución de obras destinadas al mantenimiento de las infraestructuras que suministran agua potable.

Abandonar la vía punitiva

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha defendido que la razón para aprobar este decreto es «abandonar la vía punitiva a los municipios» y trabajar de manera colectiva y, textualmente, codo con codo con el mundo municipal.

En este sentido, ha reclamado que «el dinero de los ayuntamientos no tiene que servir para pagar sanciones», sino para mejorar la eficiencia de sus redes de agua, y ha puesto como ejemplo el caso de algunos pequeños municipios que tenían que asumir inversiones de más de 700.000 euros, una cifra que superaba con creces el presupuesto destinado a inversiones en un mandato.

«Pedimos renunciar a esta vía punitiva para pedir el apoyo de todo el mundo a ser más resistentes contra las consecuencias del cambio climático», ha añadido, a la vez que ha incidido en la necesidad de trabajar con los municipios a través de asociaciones conjuntas para, en sus palabras, ganar cada litro de agua.

Cuatro partidos a favor

En la sesión del parlamento catalán, la diputada socialista Andrea Zapata ha defendido que el PSC «siempre ha sido coherente», tanto en la oposición como en el gobierno, en contra de imponer sanciones a los ayuntamientos, tras lo que ha insistido en que la fórmula de relación con el mundo municipal debe ser la colaboración, la confianza y la flexibilidad y no las sanciones.

Por parte de Junts, el diputado Salvador Vergés ha justificado su apoyo al decreto pidiendo textualmente menos sanciones y más ayudas e inversiones, ha calificado al gobierno de Illa de ser sumiso por no exigir al central inversiones en infraestructuras hídricas en Cataluña, y sobre el hecho que el decreto tenga efectos retroactivos, ha pedido tener cuenta qué consistorios «se esforzaron sobremanera» para no generar agravios.

Sentido común

La diputada del PP Eva García ha expresado que el Govern aprueba eliminar estas sanciones a los ayuntamientos «gracias a la coherencia y el sentido común» de los populares y, más allá de ese cambio, ha pedido a Paneque más infraestructuras hídricas de las proyectadas ahora por el Ejecutivo catalán, como el posible trasvase entre el Ebro y el área de Barcelona.

La presidenta del grupo de Aliança Catalana (AC) en el parlamento catalán, Sílvia Orriols, ha justificado su «sí» porque cree que las sanciones agravan los problemas financieros de los entes locales y debilitan su capacidad inversora y ha pedido al Govern que «en caso de que tengan más éxito» que ella a la hora de aprobar Presupuestos  piensen en dotarles económicamente de forma conveniente.

Abstención de Vox

La diputada de Vox Mónica Lora ha acusado a los socialistas de abusar de la fórmula del decreto ley desde el Gobierno, ha asegurado que las sanciones a los municipios no sirven para resolver el problema de la sequía, y ha preguntado al PSC por qué no «votó en contra de este régimen sancionador en su día».

Partidos en contra

La diputada de ERC Ester Capella ha considerado un error que el decreto salga adelante con, textualmente, la complicidad de Junts, y la derecha y la extrema derecha, y ha afirmado que eliminar el régimen sancionador promueve el consumo excesivo de agua, lo que cree que tendrá consecuencias. «Está diciendo usted a los ayuntamientos y a los particulares: Mire, no hace falta que hagan nada porque aquí hay barra libre», ha expresado Capella.

El diputado de los Comuns Lluís Mijoler ha argumentado que eliminar las sanciones da sensación de permisividad y que puede retrasar inversiones, y ha lamentado la geometría variable del Govern.

El diputado de la CUP Dani Cornellà ha apoyado el régimen sancionador y ha emplazado a los partidos a acordar cambios para que los ayuntamientos que hagan su trabajo no reciban multas, a la vez que ha propuesto reinvertir las multas en mejoras en la red de agua en los mismos municipios sancionados y ha defendido una gestión pública del agua.