Las elecciones anticipadas congelan el Pacto de Estado climático y gran parte de la agenda verde de Sánchez

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre deja en el aire buena parte de la agenda verde del Gobierno de Pedro Sánchez. Leyes, pactos y decretos que llevaban meses en preparación se quedan sin tiempo para completar su recorrido.

El presidente del Gobierno anunció este lunes el adelanto electoral tras el rechazo del Congreso a los dos decretos ley de vivienda. Con la publicación del decreto de disolución en el BOE, prevista para este martes, todas las iniciativas pendientes en las Cortes caducan.

El golpe más visible lo recibe el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, el gran empeño de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Pero no es el único: la lista incluye agencias, leyes y reales decretos clave para el medioambiente.

El Pacto de Estado queda paralizado

Sánchez anunció la propuesta en septiembre de 2025, tras la oleada de incendios de agosto de ese año. Después de un proceso de participación con cerca de 4.000 aportaciones, el Gobierno presentó en diciembre un segundo borrador con 15 ejes de actuación.

En el plano social, el pacto sí había sumado apoyos. En agosto, el Ejecutivo anunció que más de 250 organizaciones se habían adherido, entre empresas, sindicatos, colegios profesionales, centros de investigación y organizaciones ecologistas.

El avance político, en cambio, ha sido escaso. El pasado 30 de septiembre, Aagesen retomó la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Cinco días después, la convocatoria electoral deja el acuerdo varado antes de llegar a materializarse.

Una comisión que no llegará

El texto preveía su propia gobernanza: una Comisión Parlamentaria o un grupo de trabajo dentro del Consejo Nacional del Clima, con una actualización del pacto cada tres años. Con las Cortes disueltas, esa comisión no puede constituirse en esta legislatura.

El documento planteaba también fondos específicos para responder a emergencias y la creación de un Cuerpo Facultativo de Técnicos de Protección Civil. Además, proponía equipos profesionales permanentes que combinen tareas preventivas y operativas según la temporada.

El pacto no es una ley, por lo que no caduca como tal. Sin embargo, exigía un consenso entre partidos que, en plena precampaña, resulta hoy prácticamente imposible. Su futuro dependerá del Ejecutivo que salga de las urnas.

Agencia de Protección Civil

Uno de los compromisos ligados al pacto es la Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. Este organismo asumiría las funciones de la actual Dirección General para responder a emergencias cada vez más frecuentes, complejas y simultáneas.

Su recorrido apenas ha comenzado. En diciembre de 2025, el Consejo Nacional de Protección Civil aprobó por mayoría una declaración de intenciones para impulsarla, con la abstención de doce comunidades autónomas.

Las agencias estatales se crean por ley, de modo que sin Cortes no hay forma de ponerla en marcha. Mientras tanto, Interior reorganizó su estructura en abril con una nueva Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

La Ley de Calidad del Aire

Entre las normas ambientales afectadas figura la modificación de la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, aprobada en 2007. El texto se encuentra todavía en fase de anteproyecto.

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) lo sometió a información pública entre el 4 y el 26 de junio. La reforma se centra en el régimen sancionador y busca garantizar una transposición completa y coherente de la normativa europea.

Al no haber llegado al Congreso, el anteproyecto no caduca, pero tampoco podrá aprobarse en esta legislatura. Será el próximo Gobierno el que decida si lo retoma, lo modifica o lo abandona.

Consumo sostenible

Otra de las grandes apuestas que se quedan por el camino es la Ley de Consumo Sostenible del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy. El Consejo de Ministros la aprobó en primera vuelta el 1 de julio de 2025.

Su medida más llamativa es la prohibición de anunciar vuelos cortos cuando exista una alternativa menos contaminante que no alargue el trayecto más de dos horas y media. También veta la publicidad de los carburantes fósiles, aunque no la del gas, y la de los vehículos que funcionan sólo con ellos.

La norma persigue además el greenwashing, con la prohibición de reclamos genéricos como «verde» o «respetuoso con el medioambiente» que no puedan verificarse. Y amplía la garantía 12 meses cuando el consumidor opta por reparar en lugar de sustituir.

Más de un año atascada

La ley nunca llegó al Congreso. La audiencia pública terminó en agosto de 2025 y, desde entonces, el texto debía volver al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley, un paso que no se ha producido.

El retraso tiene también una lectura europea, ya que la norma traspone la directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica y la de derecho a reparar. Su incorporación al ordenamiento español tendrá que esperar.

Bustinduy había avanzado incluso su intención de añadir durante la tramitación un paquete fiscal para que quienes más contaminan paguen más. Esa ambición queda ahora pendiente del resultado electoral.

Ley Jane Goodall

Del mismo ministerio depende la Ley Jane Goodall, que protegería a grandes simios como el orangután, el chimpancé, el bonobo y el gorila. Se trata de un mandato de la Ley 7/2023 de bienestar animal, y Bustinduy anunció en octubre de 2025 que su departamento ya trabajaba en el texto.

La norma busca erradicar el tráfico ilegal de estas especies y prohibir su tenencia, experimentación o investigación cuando les cause daño o sufrimiento. También vetaría su uso comercial y en espectáculos, y restringiría su cría en cautividad en los zoológicos.

Con ella, España aspiraba a ser el primer país en reconocer por ley derechos básicos a los grandes simios. La consulta pública previa recogió cerca de 300 aportaciones, pero el texto no ha llegado al Consejo de Ministros y previsiblemente quedará congelado.

Reforma de la Ley de Residuos

En el terreno de la economía circular, el MITECO preparaba una nueva modificación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados. La consulta pública previa estuvo abierta entre el 30 de junio y el 3 de septiembre.

El motivo principal es la obligación de trasponer la Directiva (UE) 2025/1892, que refuerza la prevención del desperdicio alimentario. El Ministerio pretendía aprovechar la reforma para aclarar otros aspectos de la ley, mientras los gestores reclaman menos carga burocrática.

Se trata de un expediente en su fase más temprana, todavía sin texto articulado. Con la disolución de las Cortes, no tiene ninguna opción de aprobarse antes de que se forme un nuevo Gobierno.

Pilas y baterías

Distinto es el caso de los reales decretos, que no dependen de las Cortes sino del Consejo de Ministros. Uno de ellos es el Real Decreto de pilas y baterías, que estuvo en información pública hasta el 3 de septiembre.

La norma sustituye a la regulación vigente desde 2008 y adapta la española al Reglamento europeo 2023/1542. Se centra en la responsabilidad ampliada del productor y en la gestión de los residuos, mientras el reglamento comunitario regula el diseño de las baterías.

Entre sus novedades, obliga a las plataformas de comercio electrónico a comprobar que los vendedores están inscritos en el registro de productores. Si no lo están, la plataforma pasa a considerarse productora. Con los informes preceptivos aún pendientes, difícilmente se aprobará antes del 29N.

Riesgo de inundación

Tampoco parece que vaya a llegar a tiempo el Real Decreto para reforzar la gestión del riesgo de inundación, cuya consulta pública terminó el 16 de septiembre. Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la norma de gestión de estos riesgos.

El texto propone mantener el carácter rural de las zonas de flujo preferente y prohibir nuevas viviendas, garajes y sótanos en suelo urbanizado inundable. Además, los planes urbanísticos tendrían cinco años para incorporar los mapas oficiales de riesgo.

También plantea programas de adaptación en los municipios más expuestos, un Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas y la obligación de informar sobre zonas inundables en la compraventa de viviendas. El bloqueo llega a pocas semanas del segundo aniversario de la DANA de Valencia.

Tras el apagón

El sector energético es otro de los grandes afectados. Tras el apagón del 28 de abril de 2025, el Congreso tumbó en julio el conocido como decreto antiapagones, y el Gobierno rescató parte de su contenido en un real decreto aprobado en noviembre.

Ahora, varios desarrollos normativos de Transición Ecológica pueden quedarse colgados. Uno de los más relevantes es el Real Decreto de centros de datos, que condiciona su acceso a la red a exigencias como la cobertura renovable de sus consumos.

Su aprobación es clave porque estas instalaciones acaparan una de cada tres conexiones a la red eléctrica y concentran el 34,2% de la capacidad de acceso concedida en la red de transporte. La audiencia pública se cerró en septiembre.

Renovables y transición justa

También está pendiente la reforma de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas y gasistas, que modifica tres reales decretos para agilizar trámites. Afecta de lleno a la gestión de la capacidad de acceso de renovables y almacenamiento.

A ello se suman los concursos para adjudicar capacidad en 15 nudos de transición justa, con hasta 11 GW, en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas. Entre ellos figura el de Maciñeira, en As Pontes, con 600 MW y la orden en audiencia pública hasta el 22 de octubre.

Completan la lista la regulación eléctrica de los territorios no peninsulares, que debe definir el papel de la central de ciclo combinado de Ceuta tras su conexión con la península, y los ajustes de los Certificados de Ahorro Energético.

Ayudas al coche eléctrico

En movilidad, la gran norma del sector sí llegó a tiempo. La Ley de Movilidad Sostenible está en vigor desde diciembre de 2025, después de haber decaído precisamente con el adelanto electoral de 2023.

La incertidumbre se traslada ahora a la financiación del coche eléctrico. El Plan Auto+ se diseñó con 400 millones de euros anuales durante cinco años, pero los fondos de 2026 podrían agotarse este mismo mes de octubre.

Sin Presupuestos Generales del Estado y con un Gobierno en funciones tras las elecciones, la dotación para 2027 queda en el aire. Los compradores dependerán de que el próximo Ejecutivo mantenga el programa.

Lo que sí sale adelante

No todo queda congelado. El Gobierno conserva plenas competencias hasta el 29 de noviembre y sólo pasará a estar en funciones después de las elecciones, cuando su actividad se limitará al despacho ordinario de los asuntos públicos.

Antes de la convocatoria salieron adelante decisiones de calado, como la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 y la orden que crea el mercado de capacidad eléctrica, publicada en el BOE el 17 de septiembre.

La Diputación Permanente podrá además convalidar decretos ley durante este periodo. Pero las grandes reformas verdes, empezando por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, dependerán del Gobierno que salga de las urnas.

La agenda verde paralizada de Sánchez

Los principales proyectos ambientales que quedan en el aire

• Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática: segundo borrador con 15 ejes y más de 250 adhesiones, pero sin consenso parlamentario. Su Comisión Parlamentaria no podrá constituirse.
• Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias: aprobada sólo una declaración de intenciones, con la abstención de doce comunidades autónomas. Al crearse por ley, no puede avanzar sin Cortes.
• Reforma de la Ley de Calidad del Aire: anteproyecto centrado en el régimen sancionador, con información pública cerrada en junio. Queda en manos del próximo Gobierno.
• Ley de Consumo Sostenible: prohíbe la publicidad de vuelos cortos y combustibles fósiles y persigue el greenwashing. Aprobada en primera vuelta en julio de 2025, nunca llegó al Congreso.
• Ley Jane Goodall: reconocería derechos básicos a los grandes simios. Tras la consulta pública previa, no ha pasado por el Consejo de Ministros.
• Reforma de la Ley de Residuos: traspone la directiva europea contra el desperdicio alimentario. Consulta pública previa cerrada en septiembre, sin texto articulado.
• Real Decreto de pilas y baterías: adapta España al reglamento europeo y regula la responsabilidad ampliada del productor. Información pública cerrada en septiembre.
• Real Decreto contra el riesgo de inundación: prohibiría nuevas viviendas en suelo urbanizado inundable. Consulta pública cerrada el 16 de septiembre.
• Real Decreto de centros de datos: condiciona su acceso a la red a la cobertura renovable de sus consumos. Audiencia pública cerrada en septiembre.
• Autorizaciones eléctricas y gasistas: reforma de tres reales decretos para agilizar renovables y almacenamiento.
• Nudos de transición justa: concursos para hasta 11 GW en 15 nudos, entre ellos Maciñeira (As Pontes), con 600 MW.
• Plan Auto+: ayudas al coche eléctrico con 400 millones anuales. Sin Presupuestos, la dotación de 2027 queda en el aire.