‘La caza también vota’: más de 300.000 federados exigen diez compromisos a los partidos ante el 29-N

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 21/10/2026 14:37
  • Actualizado: 21/10/2026 14:51

La caza también se juega su futuro en las urnas. A poco más de cinco semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el sector cinegético ha puesto por escrito lo que espera del próximo Gobierno y pide a los partidos que lo firmen.

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha presentado este miércoles en Madrid su Decálogo de Compromisos Políticos La Caza También Vota, diez medidas que quiere ver incorporadas a los programas electorales para garantizar el futuro de la actividad en España.

La federación habla en nombre de más de 300.000 cazadores federados y plantea una hoja de ruta para el mandato 2026-2030 que busca el reconocimiento, la modernización y la continuidad de la caza, así como su papel en la conservación y el desarrollo rural.

Seis ejes, diez compromisos

La presentación, celebrada en la sede de la RFEC, estuvo encabezada por su presidente, Josep Escandell, junto a los presidentes de las federaciones de Extremadura, José María Gallardo; Andalucía, José María Mancheño, y Madrid, Antonio García, además del secretario general, Tomás Manzano.

El decálogo es la síntesis de un documento de propuestas más amplio, estructurado en seis ejes estratégicos que abarcan la dimensión ambiental, económica, social y cultural de la caza y su vínculo con el medio rural.

«No presentamos una mera declaración de intenciones, sino una hoja de ruta para el futuro de la actividad cinegética en España», ha señalado Escandell, que ha defendido unas propuestas «serias, realistas y fundamentadas en la ciencia».

Seguridad jurídica

Entre las reivindicaciones figuran la protección de la caza sostenible y de las modalidades tradicionales, la conservación de la biodiversidad, la gestión de la fauna silvestre, la sanidad animal y la lucha contra el furtivismo.

El texto pide además que las decisiones se basen en criterios científicos, reclama una simplificación administrativa y una actualización del Reglamento de Armas. Pero hay un concepto que recorre buena parte del documento: la seguridad jurídica.

«No estamos pidiendo privilegios, sino algo tan básico como seguridad jurídica», ha recalcado Manzano. «Los cazadores necesitamos normas claras, estables y proporcionadas, que eviten restricciones injustificadas y permitan desarrollar una actividad plenamente legal con todas las garantías», ha añadido.

Del papel a los hechos

El secretario general de la RFEC ha puesto también el foco en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que a su juicio necesita financiación, implicación real de las administraciones públicas y un seguimiento efectivo para pasar del papel a los hechos.

Esta estrategia fue aprobada por unanimidad en marzo de 2022 en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural como marco orientativo para las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de caza.

Cuando se aprobó, el Ministerio de Agricultura cifró el peso económico de la actividad cinegética en 6.475 millones de euros al año, el 0,6% del PIB, y en unos 187.000 puestos de trabajo.

El plomo, en el horizonte

La RFEC reclama también más participación del sector en las decisiones que le afectan y una transición gradual ante las restricciones a la munición con plomo, con apoyo técnico y económico para incorporar alternativas seguras y eficaces.

Es uno de los frentes más abiertos para los cazadores. El pasado 25 de junio, el Comité REACH de la Comisión Europea acordó prohibir los perdigones de plomo con un periodo de transición de siete años, aunque dejó las balas fuera de la restricción.

La federación había reclamado un plazo mínimo de 10 años al considerar que aún no existe una alternativa viable. Un estudio de la Federación Europea de Tiro Deportivo advierte de que uno de cada cuatro cazadores podría abandonar la actividad ante una prohibición generalizada.

Motor de los pueblos

Sobre el papel de la caza en el medio rural, Gallardo ha subrayado que «forma parte de la realidad económica, social y ambiental de nuestros pueblos» y que «contribuye a la gestión del territorio y desempeña un papel importante en la conservación de nuestros ecosistemas».

El presidente de la Federación Extremeña de Caza ha insistido en que el decálogo «debe ser visto como una oportunidad para los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales».

En esa línea, el documento reclama incorporar la caza a las políticas de desarrollo rural y reto demográfico, impulsar el empleo, el relevo generacional y la presencia de mujeres en el sector, y valorizar la carne de caza como recurso del territorio.

Futuro de la caza menor

Por su parte, Mancheño ha incidido en que esta campaña es fundamental para preservar el futuro de la caza menor. «Es importante que las administraciones públicas escuchen a quienes conocen y desarrollan la actividad cinegética sobre el terreno», ha señalado.

«Necesitamos una protección efectiva de nuestras modalidades cinegéticas», ha añadido. El decálogo recoge esa demanda y pide revisar la legislación de bienestar y transporte animal para respetar las particularidades de los perros y demás animales auxiliares de caza.

También propone orientar la Política Agraria Común (PAC) y los instrumentos de restauración de la naturaleza para incentivar prácticas agrícolas que favorezcan la biodiversidad, la recuperación de la caza menor y la mejora de los hábitats.

Ciencia y sanidad animal

Otro de los puntos pide reconocer la caza como herramienta de gestión de poblaciones, de prevención de daños agrícolas y accidentes de tráfico, de conservación de ecosistemas y de coexistencia con la ganadería extensiva.

La federación quiere además que el sector se integre en las estrategias de sanidad animal y bioseguridad bajo el enfoque «una sola salud» (One Health), y que se revisen las limitaciones que impiden actuaciones técnicamente justificadas.

Todo ello, con decisiones apoyadas en evidencias científicas rigurosas e independientes y con programas de investigación, censos y seguimiento poblacional en los que participen el sector cinegético, las universidades y las administraciones.

Menos burocracia

En el plano normativo, la RFEC reclama simplificar los procedimientos administrativos y avanzar en la interoperabilidad autonómica y la armonización de normas entre comunidades, con pleno respeto a sus competencias.

Además, pide reforzar los medios de vigilancia contra el furtivismo y adecuar el Reglamento de Armas a las necesidades actuales de la caza, con medios técnicamente adecuados y una regulación proporcionada.

Y exige que el sector participe en las políticas que le afectan, tanto en España como en Europa, con una evaluación previa del impacto rural y cinegético de cada nueva norma.

Ronda con los partidos

La RFEC iniciará ahora una ronda de reuniones con las formaciones que concurren a las generales para presentarles el decálogo, pedir su firma y conocer qué medidas incluirán en sus programas. Después, hará públicos los compromisos asumidos por cada una.

No es la primera vez que la federación recurre a esta fórmula. Ya lanzó la campaña La Caza También Vota ante las generales de abril de 2019 y, en 2024, trasladó otro decálogo a los partidos ante las elecciones europeas.

«No venimos sólo a pedir que se defienda la caza […]. No buscamos adhesiones genéricas ni declaraciones de buenas intenciones, sino compromisos políticos concretos que puedan desarrollarse, cumplirse y evaluarse», ha concluido Escandell.

Las 10 reivindicaciones del decálogo

• Caza sostenible: un marco normativo estable y la financiación de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética.
• Tradiciones: proteger las modalidades tradicionales y a los perros y animales auxiliares de caza.
• Hábitats: orientar la PAC a recuperar la caza menor y la biodiversidad, con ayudas suficientes.
• Fauna y sanidad: reconocer la caza como herramienta de control de poblaciones, bajo el enfoque One Health.
• Ciencia: decisiones basadas en datos científicos independientes, censos y seguimiento.
• Seguridad jurídica: menos burocracia y normas armonizadas entre comunidades autónomas.
• Furtivismo: más vigilancia y un Reglamento de Armas actualizado.
• Medio rural: empleo, relevo generacional, mujeres en el sector y valorización de la carne de caza.
• Participación: voz del sector en las decisiones nacionales y europeas y evaluación del impacto rural.
• Plomo: una transición gradual, con apoyo técnico y económico para alternativas seguras.