Madrid
Comunidad de Madrid

Vox pide Ayuso que se enfrente a Sánchez y el salario mínimo no pague el tramo de IRPF en Madrid

El partido de Abascal pide que las rentas hasta los 22.000 euros anuales tengan una exención total del IRPF

También que a las rentas entre los 22.000 y los 70.000 euros anuales se les aplique un 15%

  • Ana Borges
  • Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.

El grupo parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición No de Ley (PNL) en la cámara de Vallecas para pedir el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que aplique una exención fiscal en la cuota autonómica del IRPF para aquellos trabajadores que ingresen el salario mínimo interprofesional (SMI). En esa PNL, el partido de Santiago Abascal también pide a la presidenta de la Comunidad de Madrid que rechace el mantenimiento del mínimo exento que obligará tributar a aquellos trabajadores que cobren el salario mínimo.

Asimismo, reclaman a la líder de la región que muestre su parecer favorable a que todas las administraciones públicas (estatales, regionales y locales) lleven a cabo una reducción drástica del gasto público superfluo, para que puedan efectuarse estas rebajas fiscales, y orienten sus recursos al bienestar de los españoles.

Esta PNL, registrada por la diputada Ana Cuartero, llega después de que el Consejo de Ministros aprobara, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2025 en 1.184 euros mensuales. Esto se traduce en un incremento de 50 euros brutos mensuales y 700 euros anuales.

Una medida que, según Vox,»está tomada al margen de la realidad empresarial de nuestro país, y de la mano de aquellos sindicatos servidores de las políticas del Gobierno que efectúan movilizaciones en contra de la oposición».

Esta subida, previsiblemente, irá acompañada del ingreso de los trabajadores que perciban el SMI como nuevos contribuyentes por IRPF, ya que el Gobierno de España no parece dispuesto a elevar el mínimo exento.

Por este motivo, Vox va a pedir a la Asamblea de Madrid que inste al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a su vez, exija al Gobierno de la Nación a llevar a cabo las modificaciones tributarias pertinentes para establecer que las rentas hasta los 22.000 euros anuales tengan una exención total del IRPF.

También que a las rentas entre los 22.000 y los 70.000 euros anuales se les aplique un 15%, y a las rentas de más de 70.000 euros anuales un 25%, sumando tanto el tramo autonómico como en el tramo estatal.

Tal y como describe Ana Cuartero en su escrito, «la Hacienda Pública se ha convertido en el principal beneficiario del incremento del salario mínimo interprofesional. Claramente, la medida está diseñada para provocar efectos perniciosos en nuestra economía, en la economía de los hogares españoles, mientras permite que siga aumentando el gasto público».

«Este Gobierno ha demostrado no tener escrúpulos, ya que pese a asegurar hasta cuatro veces, en una sesión parlamentaria del Congreso de los Diputados, que no va a subir los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora, vuelve a hacer lo contrario, expoliando a las rentas más bajas hasta elevar los ingresos del estado en 600 millones de euros. De nuevo el Gobierno emplea una medida social para engrosar la recaudación, su voracidad no tiene límites», ha denunciado Cuartero.

La subida acumulada del SMI desde el año 2018 alcanza el 62%. Esta subida no ha ido acompañada nunca de un descenso equivalente de los costes laborales, por tanto, los empleadores han tenido que asumir este incremento del coste salarial solo a costa de la productividad y los beneficios de la empresa.

Según el Ministerio de Trabajo, el SMI alcanza ya el 72,7% del salario medio en las pequeñas empresas y por ello la nueva subida supone elevar el riesgo de quiebra de autónomos y pequeñas y medianas empresas. Esto llevará consigo un aumento del riesgo de perder el empleo para los trabajadores con menos cualificación, que estarán abocados a mayor temporalidad, contratos a tiempo parcial y en definitiva a una mayor precariedad laboral, según ha explicado el partido de Abascal.