La Justicia obliga al Gobierno de Sánchez a pagar a Boadilla del Monte 652.525 € más por Filomena

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha ejecutado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga al Estado a abonar al Ayuntamiento de Boadilla del Monte 652.525,26 euros adicionales por los gastos extraordinarios derivados de la borrasca Filomena. La resolución, notificada al Consistorio el pasado 17 de junio y consultada por OKDIARIO, pone fin a un procedimiento administrativo y judicial que se ha prolongado durante más de cuatro años, después de que el Estado sólo hubiera reconocido inicialmente 83.927,91 euros por las actuaciones de emergencia.

El oficio remitido por la Secretaría General de la Delegación del Gobierno, firmado por Inés Represa, confirma la concesión de la ayuda económica solicitada por el Ayuntamiento al amparo del Real Decreto-ley 10/2021 por el que se adoptaron medidas urgentes para paliar los daños causados por el temporal.

Tras el episodio de nieve de enero de 2021, uno de los más intensos registrados en la Comunidad de Madrid en décadas, el Ayuntamiento ha tenido que afrontar con fondos municipales numerosas actuaciones urgentes para garantizar la seguridad de los vecinos y recuperar la normalidad en el municipio.

Entre esas actuaciones figuraban la retirada de nieve y hielo, la limpieza viaria, el alquiler de maquinaria especializada, la poda y retirada de árboles dañados, el reparto de sal y otros trabajos de emergencia.

Pese a la magnitud de esos trabajos, la Delegación del Gobierno únicamente ha reconocido en un primer momento una pequeña parte de los gastos reclamados por el Consistorio. Ante esa respuesta, considerada insuficiente, el Ayuntamiento ha presentado un recurso de reposición que no ha obtenido contestación, por lo que ha decidido acudir a la vía contencioso-administrativa para reclamar el importe que, a su juicio, correspondía conforme a la normativa estatal sobre ayudas por catástrofes naturales.

El proceso, sin embargo, no ha sido lineal. Durante la tramitación, la Abogacía del Estado ha aceptado parcialmente algunas de las reclamaciones formuladas por el Consistorio, que gobierna con mayoría absoluta Javier Ubeda (PP), en lo que ha supuesto un primer paso hacia el reconocimiento de la deuda.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado en parte el recurso y ha reconocido el derecho del Ayuntamiento a percibir nuevas cantidades, al considerar acreditado que la mayor parte de los gastos inicialmente rechazados respondían a actuaciones de emergencia directamente relacionadas con Filomena.

Pago a Boadilla

Como consecuencia de esa sentencia, la Delegación del Gobierno ha dictado la resolución por la que ejecuta el fallo judicial y acuerda el pago de 652.525,26 euros, cantidad que se suma a la ya reconocida en vía administrativa. Según el propio oficio remitido al Ayuntamiento, el abono de la subvención se realizará a través del Tesoro Público, para lo cual el Consistorio debe tener dada de alta una cuenta bancaria en ese organismo.

Con este último ingreso, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte recuperará un total de 736.453,17 euros por los gastos extraordinarios asumidos durante la borrasca Filomena, culminando así un proceso administrativo y judicial iniciado hace más de un lustro.

El alcalde de Boadilla del Monte ha valorado la resolución con dureza, lamentando que «es una pena que el Gobierno de Pedro Sánchez anuncie ayudas extraordinarias para los municipios afectados por una catástrofe y, después, obligue a los ayuntamientos a acudir a los tribunales para conseguir que se cumpla lo prometido».

Críticas al Ejecutivo socialista

El regidor ha defendido la actuación de su Consistorio durante el temporal, señalando que «los ayuntamientos estuvimos donde teníamos que estar, actuando desde el primer minuto y poniendo todos los recursos necesarios para proteger a nuestros vecinos».

Ha añadido que «lo que no es razonable es que, después de asumir esos gastos con recursos municipales, tengamos que dedicar años a pleitear para recuperar un dinero que el propio Gobierno dijo que iba a conceder».

El alcalde ha ido más allá al calificar la actitud del Ejecutivo central de cicatera con las administraciones locales, en referencia a la escasa disposición mostrada inicialmente para reconocer el importe completo de los gastos acreditados.

En este sentido, ha criticado que «este parece ser el modus operandi del Gobierno de Pedro Sánchez: grandes anuncios de ayudas que luego se retrasan, se discuten o terminan obligando a las administraciones y a los ciudadanos a recorrer un auténtico calvario burocrático para poder acceder a ellas».

El regidor ha recordado además las dificultades y los retrasos denunciados en distintos episodios recientes relacionados con ayudas extraordinarias tras emergencias naturales, y ha asegurado que «es una forma de gobernar que genera frustración e inseguridad».

Finalmente, el alcalde ha planteado una reflexión sobre el coste indirecto del litigio, subrayando que «la gran pregunta es cuántas horas de trabajo de funcionarios, técnicos, abogados y empleados públicos se han perdido durante más de cuatro años en un procedimiento que nunca debería haber existido». Ha concluido que «si el Gobierno había anunciado ayudas para los municipios afectados por Filomena, lo lógico era concederlas desde el primer momento a quienes acreditaron debidamente los gastos, y no obligar a los ayuntamientos a acudir a los tribunales para que la Justicia les diera la razón».

Cinco años después de que la nieve paralizara Madrid, la última factura de Filomena ha terminado por saldarse no en las calles cubiertas de hielo, sino en los despachos de los tribunales, dejando una pregunta abierta sobre cuántos otros municipios siguen esperando su turno.