Fuenlabrada mantiene una subvención de 40.000 € a UGT y CCOO pese a que han perdido la mitad de afiliados en 2 años

• Pablo Romero-Salazar
• Periodista. Cubriendo la Comunidad de Madrid.
• • 03/08/2026 05:46
  • Actualizado: 03/08/2026 05:46

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el socialista Francisco Ayala, lleva 10 años subvencionando con casi 40.000 euros anuales a los sindicatos UGT Y CCOO. La subvención enmarcada bajo el pretexto de desarrollar «actividades que promuevan en general el desarrollo» del municipio pierde peso cuando los sindicatos han perdido la mitad de sus afiliados en el municipio en apenas dos años.

Las subvenciones del Gobierno fuenlabreño a estos sindicatos se enmarcan dentro de un convenio de colaboración institucional firmado en el año 2015. En virtud de dicho acuerdo, el Ejecutivo municipal se comprometía a dotar con 18.000 euros anuales a cada organización, justificándolo en el estatus de UGT y CCOO como los «dos sindicatos más grandes» y con mayor representación del municipio de Fuenlabrada.

Esta justificación, que tuvo sentido en un principio al ser, efectivamente, los dos sindicatos con mayor estructura organizativa tanto en Fuenlabrada como en la Comunidad de Madrid, pierde su fuerza cuando se ahonda en la actividad real y en los datos de afiliados y delegados de ambas sedes sindicales. En apenas dos años, tanto UGT como CCOO han perdido más de la mitad de sus miembros mientras la cuantía de su subvención pública se mantenía intacta.

Mientras que en el año 2023 la suma de afiliados y delegados de ambos sindicatos era de 201, el año pasado apenas 86 personas quedaban dentro de las organizaciones en la localidad. A este notable retroceso en la base social se suma la inactividad visible en la agenda del municipio: a lo largo de todo el año, ni UGT ni Comisiones Obreras llegan a organizar siquiera un evento al mes en Fuenlabrada. Esta parálisis organizativa contrasta directamente con el objeto teórico de las ayudas, diseñadas para dinamizar el tejido socioeconómico local.

El acusado contraste entre un flujo presupuestario garantizado y una presencia social cada vez más testimonial ha reabierto el debate político sobre la continuidad de estos convenios blindados. Diversas voces critican que se sigan financiando con dinero público estructuras que apenas registran actividad ni capacidad de convocatoria, mientras el equipo de gobierno defiende el mantenimiento del acuerdo marco en nombre del diálogo social tradicional.

Ante este escenario de inactividad y de innegable desplome de la representatividad sindical, diversos sectores de la oposición política y colectivos vecinales de Fuenlabrada han comenzado a exigir una revisión en profundidad de los criterios de reparto presupuestario. Consideran imprescindible que la concesión de ayudas públicas quede supeditada a auditorías periódicas de implantación real y al cumplimiento transparente de indicadores de actividad fiscalizables.

De esta manera, reclaman que se impida que unas partidas concebidas para el impulso socioeconómico sigan funcionando como asignaciones automáticas a fondo perdido, sin evaluación de resultados ni beneficio visible para los ciudadanos del municipio.