El ex alcalde de IU de San Fernando de Henares se enfrenta a 4 años de cárcel por corrupción urbanística

El alcalde de San Fernando de Henares entre 2007 y 2013, Julio Setién (Izquierda Unida); su concejal de Urbanismo, Joaquín Martínez, y varios asesores municipales se enfrentan a juicio oral por el ‘caso Plaza de España’. La venta del suelo de una plaza pública del municipio para ejecutar una operación urbanística fallida acaba en los tribunales.

Hay varias causas judiciales abiertas por el caso. Ahora, la que trata la vertiente urbanística está lista para ser enjuiciada. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Coslada ha dictado un auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, por el que se abre juicio oral.

Los presuntos delitos que se imputan al ex regidor de Izquierda Unida son: delito continuado contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa, delito contra el patrimonio histórico y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Algunos tipos penales llegan a conllevar penas de cárcel de hasta cuatro años.

Por otra parte, el juez Luis Miguel Arroyo Rodríguez también sienta en el banquillo a otros cinco altos cargos y asesores de ese Gobierno municipal por algunos de los citados delitos.

A partir de ahora, el juez ordena dar traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares personadas para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación de penas. Se abrirá así juicio oral, como recoge el auto, sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación.

Operación fracasada

El proyecto urbanístico comenzó en 2008, cuando el Ayuntamiento presidido entonces por Julio Setién impulsó la empresa mixta Plaza de España S.L. Se llegó a un acuerdo entre el Consistorio sanfernandino (a quien correspondía el 49% de la compañía) y los propietarios de las viviendas de dicha plaza que iba a ser remodelada (a los que correspondió el 51% de la participación societaria). Se pidieron 7 créditos por valor de 57 millones de euros a Bankia y se alcanzó un acuerdo con la constructora Ortiz por una cantidad cercana a los 30 millones para ejecutar las obras.

Sin embargo, pronto comenzaron los problemas. El Ayuntamiento destinó parte del presupuesto «para llevar a cabo otros proyectos de la localidad, como un museo o para sanear a la Empresa Municipal del Suelo de San Fernando de Henares». Más de 12 años después, aunque las obras se han finalizado en su gran mayoría, las viviendas de la plaza no han sido entregadas a sus propietarios.

Además, durante el pasado mandato, cuando asumió el bastón de mando Catalina Rodríguez (Más Madrid), se embrolló aún más el caso. Según una denuncia presentada ante el Ministerio Público, «con la llegada de la alcaldesa Catalina Rodríguez, la sociedad Plaza de España se convierte en un verdadero intento de negocio, convirtiendo el Ayuntamiento y la sociedad mercantil en un mundo oscuro».

El juicio que ahora se abre tiene su primer antecedente en abril de 2011, cuando la asociación cultural El Molino de San Fernando presentó una querella por presunto delito contra la ordenación del territorio. Posteriormente, «de las diligencias instructoras practicadas» se desprendió «la existencia de indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal, imputar» al alcalde y su equipo, según el auto judicial.