Ayuso reduce la burocracia para montar una empresa en Madrid con más de 200 propuestas ciudadanas

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adoptado en el último año un total de 205 propuestas realizadas por empresas y particulares para aligerar la burocracia de cara a montar una empresa en la Comunidad de Madrid, en el marco de su lucha contra la hiperregulación.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, presenta este martes el informe anual respecto a esta materia, del que destaca que el 75% de las propuestas ya están ejecutadas, mientras que el resto se encuentran en proceso de tramitación. Además, más de un tercio, en concreto un 35%, han requerido modificar una norma con rango de ley.

El Ejecutivo autonómico inauguró hace ya dos años su buzón online de Línea Abierta contra la Hiperregulación, donde recoge propuestas ciudadanas para suprimir o simplificar todo tipo de trámites en la Comunidad.

Del total de las medidas del informe de este año, el 21% están vinculadas a la Consejería de Medio Ambiente; el 17% a Sanidad; un 15% a Economía, Hacienda y Empleo, y el 11% a Políticas Sociales. Además, el 78% ha supuesto una mejora regulatoria y el resto se ha traducido en una simplificación burocrática.

El Gobierno de Ayuso destaca sobre todo la importancia de la aprobación de la Ley Ómnibus a finales del año pasado, con la que quiere «dotar de mayor dinamismo la actividad económica, adaptar la legislación y modernizar la Administración». Asimismo, se siente especialmente orgulloso de la Aceleradora de Inversiones, una herramienta para agilizar los proyectos de especial interés para la región.

Algunas de las iniciativas más relevantes que se han ido desarrollando a lo largo de 2022 son, en el área medioambiental de la normativa, la sustitución por declaración responsable de la autorización para ocupar terrenos de vías pecuarias de forma temporal para la práctica de actividades recreativas o deportivas; declaraciones responsables en las labores de poda en terreno privado; la adaptación de la normativa en materia de residuos y suelos contaminados a la legislación estatal básica, y sustitución de la normativa obsoleta relativa a la gestión de pilas y acumuladores.

Otras medidas han sido la supresión de la necesidad de informe o supervisión de proyectos por la Administración autonómica, para los contratos de obras municipales incluidos en el programa regional de inversiones y servicios; o que agentes de otras regiones puedan desarrollar su actividad en la Comunidad sin requisitos adicionales (Ley de Mercado Abierto).

También ha visto luz verde la flexibilización del régimen de las cooperativas de trabajo; la reducción de cargas administrativas para la obtención de las hojas de reclamaciones; la supresión de los trámites administrativos innecesarios en la realización de actividades artesanas; la libertad de elección de Oficina de Empleo; la nueva oficina virtual para el contribuyente; la ampliación de horario de terrazas, o la reducción de los plazos de tramitación y resolución del procedimiento de Renta Mínima de Inserción, entre otras.