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Ayuso no cobrará el agua a las víctimas de okupaciones y les dará una casa temporal si es necesario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que la región no facturará el agua a los propietarios de víctimas de okupaciones e instará a los suministradores estudiar hacer lo mismo con la luz y el gas.

Así lo ha adelantado la presidenta madrileña durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde también ha informado que su Gobierno «contempla una oferta de vivienda temporal en caso de la persona afectada no tenga donde vivir mientras se resuelve su proceso de ocupación ilegal».

Se trata de una iniciativa que partió del grupo parlamentario de Vox, que ha agradecido a la presidenta haber asumido su petición.

Asimismo, ha manifestado que el Ejecutivo va «a estudiar una oferta de vivienda temporal en caso de que la víctima no tenga dónde residir mientras exista el delito. Y es que la okupación, el comercio ilegal y la inseguridad ciudadana lastran la economía, el empleo y el turismo. Y no nos lo podemos permitir, porque aquí no sobra nadie, ni las personas con patrimonio ni los turistas, ni las personas que crean puestos de trabajo».

«En Madrid es cierto que, aunque estamos consiguiendo frenar el fenómeno de la okupación ilegal, hay 4.300 viviendas afectadas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está absolutamente en contra de la ocupación porque es un delito y aunque no tenemos competencias para ello, hemos puesto en marcha la oficina contra la ocupación, con la que estamos tratando de herramientas y asesoramiento a policías locales y asistencia a víctimas del delito», ha apostillado.

Una iniciativa que llega después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, manifestara hace escasos días que la okupación es, a su juicio, un problema «inventado». «El problema de la okupación es un problema inventado, es agenda de la derecha y creo, como decía ayer Rafa Mayoral, que cuando compramos la agenda de la derecha, gana la derecha», señaló la ministra podemita.

Declaraciones que hizo después de que su socio de Gobierno, el PSOE, presentara una enmienda para garantizar el desalojo de los okupas en un plazo de 48 horas.