El 28% de las subvenciones de Igualdad contra el maltrato se queda sin ejecutar

El Ministerio de Igualdad destina cada año 40 millones de euros a los ayuntamientos españoles para financiar programas contra la violencia de género, dentro del Pacto de Estado suscrito en 2017. Pero una parte sustancial de ese dinero nunca llega a gastarse. Según la última resolución de reparto de fondos, publicada en el BOE, 11,4 millones de euros —el 28,6% del total— se han perdido por no haberse ejecutado a tiempo.

El mecanismo funciona así: cada entidad local recibe una cantidad para desarrollar programas de prevención y atención a víctimas en un plazo de un año. Si al finalizar ese plazo no ha gastado todo el importe, el dinero sobrante —el llamado remanente— se descuenta directamente de la siguiente convocatoria. En la práctica, esto significa que casi 3 de cada 10 euros que el Estado destina a la lucha contra la violencia machista terminan por no cumplir su función.

El problema no es puntual ni afecta solo a un puñado de ayuntamientos. De las 7.879 entidades locales que recibieron fondos, casi 6 de cada 10 dejaron sin gastar al menos una parte de su asignación. Y más de una de cada cuatro —2.070 municipios— no ejecutaron nada en absoluto, por lo que este año se han quedado sin recibir ni un euro: todo el nuevo importe se ha destinado a compensar lo que no gastaron el año anterior.

El propio Tribunal de Cuentas ya advirtió de este fallo estructural en su informe de fiscalización sobre el Pacto de Estado, en el que recomendó «valorar otras alternativas de redistribución de los fondos en las entidades locales, especialmente en las de menor tamaño», para evitar que el reparto «se diluya en pequeñas cantidades que no faciliten la consecución de los fines» del programa. Dicho de otro modo: repartir el dinero en importes tan pequeños —muchos municipios reciben poco más de 1.500 euros— dificulta que puedan ponerlo en marcha con eficacia.

La comparación con otros niveles de la Administración refuerza esa lectura. Mientras los ayuntamientos pierden cerca de un 28% del fondo, las comunidades autónomas —que gestionan partidas mucho mayores y con más capacidad técnica— dejaron sin ejecutar apenas un 7,4% en el mismo tipo de transferencias, según ese mismo informe.

El Ministerio de Igualdad no ha modificado el diseño del fondo pese a la recomendación del Tribunal de Cuentas. Cada año, el mecanismo se repite: se conceden 40 millones, una parte relevante no se ejecuta, y el remanente se resta automáticamente del siguiente reparto, sin que ese dinero perdido genere ninguna revisión del sistema.

El resultado es una política pública que, sobre el papel, garantiza financiación estable a la lucha contra la violencia de género, pero que en la práctica deja sin usar más de una cuarta parte de los recursos destinados a ese fin cada año.