Investigación

Público se inventa la acción de una juez contra OKDIARIO cuando la petición parte de Justitia et Veritas

Una vez más el diario de Roures publica una noticia falsa para satisfacer su fantasía periodística. En esta ocasión la manipulación afecta a la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid. En su edición del doce de enero, el diario podemita del magnate de la comunicación Jaume Roures tergiversaba un auto judicial de la magistrada Susana Trujillano. En su titular afirmaba: “Un juzgado ofrece al jefe del CNI y al juez el caso Nicolás que actúen contra Villarejo e Inda”.

En el arranque de la falsa noticia el diario podemita mantenía que la causa judicial se iniciaba contra los periodistas de OKDIARIO por una supuesta “campaña de difamación y acoso emprendida desde que destapó [el ex comisario Martín Blas] la cloaca policial y periodística con la investigación del caso Pequeño Nicolás”.

Y el diario Público, del que es propietario una sociedad del holding de Roures a la que la justicia de Nueva York investiga por sobornos a ex directivos de la FIFA por los derechos del Mundial de fútbol, insistía: “La juez ve indicios de delito y abre las puertas a que se personen más perjudicados”.

Una iniciativa de Antonio Alberca

Pero todo era mentira. La solicitud para cursar el ofrecimiento al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o al magistrado Arturo Zamarriego de ejercer acciones contra los periodistas de OKDIARIO partía de Antonio Alberca, el presidente de Justitia et Veritas y abogado del querellante Marcelino Martín Blas. La decisión nunca había surgido de la titular del Juzgado, como aseguraba Público.

El letrado Alberca, que dirige también la defensa del militar genocida salvadoreño extraditado a España por el asesinato de Ellacuría y otros jesuitas, dirigió el escrito a la juez Susana Trujillano el pasado 14 de diciembre para que se diera traslado de la denuncia al jefe de los servicios secretos y al magistrado Zamarriego.

El letrado de la asociación Justitia et Veritas, cuyo secretario es un colombiano que colaboró con el narcotráfico, esgrimía en su escrito que “como se había cometido presuntamente un delito contra el honor con publicidad contra funcionarios públicos siendo un delito perseguirle de oficio”, algunos de los afectados, según él, como el general Félix Sánz Roldán o el magistrado de la Audiencia Provincial Arturo Zamarriego, podían personarse en la causa para “ejercer acciones a las que como víctimas tienen derecho”.

Se da la circunstancia de que ni el director del CNI ni el magistrado Zamarriego jamás han manifestado ningún tipo de enfrentamiento con OKDIARIO.

A raíz del escrito de Alberca, y solo a partir de su petición, nunca por una actuación de oficia por parte de la juez, la titular del Juzgado dictó un auto en el que, en su punto tercero, hacía referencia a la intención de Justicia et Veritas de ampliar el ofrecimiento de acciones a Félix Sanz Roldan y al magistrado Zamarriego.

A raíz de ello la juez Trujillano procedió a través de ese auto a practicar ofrecimiento de acciones al director del CNI y al magistrado de Madrid. La juez en el mismo escrito pedía a la procuradora de Justitia et Veritas que, en un plazo de cinco días, le facilitara los domicilios de los afectados para que pudieran ser citados.

La decisión de la juez entra dentro de las medidas rutinarias que a diario se cursan en cualquier juzgado de la Plaza Castilla de Madrid y carece de cualquier significación punitiva.

Las cloacas en ojo ajeno

El diario de Ciudadano R, como ya se conoce a Jaume Roures, afirmaba también que “las cloacas de Interior se están viendo acorraladas por los diferentes juzgados”, cuando todo se limita a una querella de Martín Blas admitida por el Juzgado de Instrucción número 7 por un supuesto “delito continuado de injurias y calumnias graves hechas con publicidad contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones”.

Público convierte un supuesto «delito contra el honor», como figura el el auto de la juez, del que cualquier ciudadano tiene derecho a defenderse, en una fantasmagórica trama conspirativa vinculada con las cloacas del Estado. Paradójicamente, quien siempre ha sido relacionado por diferentes medios periodísticos con la conocida como «guerra entre comisarios» o «las cloacas policiales» es el policía Marcelino Martín Blas, el autor de la querella contra OKDIARIO.