El ponente del Yak-42 entregó a 2 capos de la droga a Colombia en vez de a EEUU y quedaron libres

Fernando Ledesma, el ponente del dictamen sobre el Yak 42, protagonizó en 1986 uno de los grandes escándalos jurídicos de la era felipista. Siendo ministro de Justicia del primer Gobierno de Felipe González, el Consejo de Ministros autorizó la extradición de los capos de la droga Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela a Colombia en lugar de a Estados Unidos. Washington lo había solicitado con anterioridad y con argumentos de más peso. El Ejecutivo adoptaba tal resolución a sabiendas de que los narcos podían quedar en libertad una vez aterrizaran en su país como, finalmente, sucedió en tan solo unos meses.

La decisión del Gobierno español levantó un gran revuelo en las cancillerías de varios países occidentales, principalmente, en la Embajada de Estados Unidos en Madrid.  Así mismo provocó un profundo malestar entre los profesionales de la Policía y la Guardia Civil, que trabajaban, codo con codo, en la lucha contra el narcotráfico con la delegación de la DEA en la capital de España. La agencia antidroga norteamericana acababa de instalarse en la quinta planta del edificio de la calle Serrano para combatir a los cárteles colombianos que comenzaban a utilizar a España como la puerta europea de la cocaína.   

El caso fue calificado por juristas españoles y observadores internacionales como un ejemplo manifiesto de la utilización de la «justicia ideológica». Tal resolución fue calificada también como un reflejo del antiamericanismo de un sector del PSOE y un desaire hacia la Administración Reagan. El actor de Hollywood, que se había convertido en el cuadragésimo presidente de los EE.UU, mantenía entonces una dura pugna con el sandinista Daniel Ortega, en Nicaragua, y con Belisario Betancur, en Colombia, ambos muy vinculados con La Moncloa.

Fernando Ledesma y el Gobierno socialista presentaron la extradición a Colombia como una imposición de los tribunales españoles, decidida después de una larga batalla jurídica de dos años. Pero el Ejecutivo no decía la verdad. Su explicación estaba enmascarada y así lo reflejaba un dictamen del Consejo de Estado del 10 de julio de 1986, firmado por el ponente Gregorio Peces Barba del Brío, padre de quien entonces era presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba Martínez.

El autor no dejaba ningún margen a la duda sobre la potestad gubernamental: «¿Es posible sostener seriamente que nuestros tribunales puedan, especialmente después de nuestro vigente ordenamiento constitucional, resolver una cuestión tan claramente política como es la presente?», se preguntaba.

Y el consejero de Estado se contestaba: «Por todo ello, entiendo que la decisión del Tribunal debió ser la siguiente: que el Gobierno de la Nación ostenta plena competencia constitucional para decidir a qué estado solicitante de la extradición debe entregar al ciudadano colombiano Jorge Luis Ochoa». En otra sentencia esgrimía los mismos argumentos sobre la solicitud de Gilberto Rodríguez Orejuela.

El lobby colombiano en Madrid

La sentencia de Peces Barba significaba un broche jurídico a un enrevesado proceso de extradición que duró dos años, con más de 40 resoluciones judiciales. Algunas de ellas habían sido dictadas por un mismo tribunal pero resultaban contradictorias. También hubo magistrados que cambiaron sus criterios jurídicos de manera sorprendente.

Un ex magistrado recuerda ahora a OKDiario las presiones que tuvo que soportar el Tribunal Supremo del Ministerio de Justicia y del círculo que él denomina el lobby colombiano a favor de los intereses de los narcos detenidos. Los tentáculos de ese lobby, con sede en Madrid, llegaban hasta el mismísimo Gobierno e instituciones judiciales.  

«Todo habría resultado más fácil si el ministro Ledesma y su Gobierno hubieran actuado con responsabilidad en lugar de camuflar una decisión política con argumentos jurídicos». Y el ex magistrado reprueba lo que él denomina la justicia ideológica:

«¿Y cómo se manifiesta este tipo de justicia partidista?: mandando a dos capos del narcotráfico a Colombia a sabiendas de que iban a quedar en libertad, persiguiendo al juez Barbero por investigar Filesa, no tomando declaración a González en el Supremo para no estigmatizarlo, criminalizando a un ministro de Defensa después de cinco procesos electorales cuando su partido ha perdido en las urnas en dos de ellos o beneficiando en el Tribunal Supremo a José Blanco o Pablo Iglesias cuando las pruebas eran más que suficientes para seguir con el proceso».

Alrededor de la imponente mesa ovalada del pabellón del Consejo de Ministros de La Moncloa, además de Fernando Ledesma, se sentaban entre otros los ministros José Barrionuevo (Interior); Javier Moscoso (Presidencia) y Narcís Serra (Defensa).

Años después, Felipe González, con un descarado cinismo,  destacaca en el libro «¿Aún podemos entendernos?», publicado por Planeta en 2011 y del que era coautor, sus reproches al presidente del Tribunal Supremo por mandar a Colombia a Gilberto Rodríguez Orejuela. Según desvelaba en la obra literaria, él mismo se lo había recriminado en persona a Hernández Gil, presidente del alto tribunal: “Antonio, acabáis de poner en libertad a un hijo de perra, un asesino, un criminal”.

Una extradición valorada en más de 20 millones

Tiempo después, los cárteles colombianos del narcotráfico revelaron la cantidad de dinero que habían invertido en España para obtener la extradición a Colombia de Ochoa y Orejuela. Calculaban un gasto de entre 20 y 30 millones de dólares durante los dos años que duró el proceso judicial. Así lo reconocía Fernando Rodríguez, vástago de Rodríguez Orejuela, en su libro El hijo del Ajedrecista, publicado en 2008.

Por su parte, John Jairo Velásquez, lugarteniente de Pablo Escobar, recluido en una prisión colombiana, aseguró que llegaron a sacar 30 millones de dólares de los fondos de los extraditables para comprar voluntades de autoridades políticas y judiciales españolas. El sicario, conocido entre los narcos como Popeye, aseguró en una entrevista de televisión que el gerente del Metro de Medellín, entre 1982 y 1987, Diego Londoño dirigió los pagos. El empresario fue encarcelado y, más tarde, asesinado.   

Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, y Jorge Luis Ochoa, capo del cartel de Medellín, habían sido detenidos en Madrid el 15 de noviembre de 1984. Se habían instalado en una zona residencial de la capital de España con identidades falsas tras el asesinato en Colombia del ministro de Justicia Lara Bonilla. Al mismo tiempo, habían puesto en marcha un plan para establecer una red de distribución de cocaína en Europa. La DEA norteamericana los localizó y pasó la información a la policía española. Seguidamente, Estados Unidos solicitó al Gobierno español su extradición.

Colombia, en un principio, se mantuvo al margen de esa reclamación pero, tras las presiones de los clanes de la droga de Medellín y Cali, abrió otro proceso de extradición pararelo por delitos menores. Era la única manera de impedir que los capos fueran enviados a Washington. Para ello apelaron ante las autoridades españolas de la condición de ciudadanos colombianos y de que tenían causas penales pendientes en Colombia. Uno de los delitos que esgrimían contra Ochoa era un asunto de contrabando de reses bravas.

Pero, tras lograr la extradición a Colombia, pronto ocurrió lo que se sospechaba. Tanto Ochoa como Orejuela fueron liberados en un tiempo récord. El primero por un juez de Cartagena y el segundo por un magistrado de Cali. Este último alegó la esperpéntica argumentación de que Orejuela conocía la cocaína por su actividad farmacéutica. Ochoa, para poder mantener vivo el proceso en Colombia, asumió un proceso por contrabando de reses de lidia pero quedó en libertad en 1987. Rodríguez Orejuela era presentado en su país como un exitoso empresario del Valle del Cauca con intereses económicos en la cadena de farmacias La Rebaja. Además, era accionista del Banco de los Trabajadores y del club de fútbol América de Cali. Fue condenado a 20 meses de prisión pero no pisó la cárcel porque le concedieron la libertad bajo fianza. El capo desapareció y no volvió a presentarse nunca ante el tribunal.

Años después, en agosto de 2007, el presidente de Colombia Álvaro Uribe ordenó la extradición a EE.UU del «hijo de perra, asesino y criminal» Rodríguez Orejuela. Ni los narcos ni el lobby colombiano pudieron eludir su ingreso en una prisión de alta seguridad norteamericana. Eso si, se habían perdido veinte años en la lucha contra el narcotráfico. Eran las graves secuelas de la decisión del Gobierno español y de su ministro de Justicia.