La mujer del fiscal jefe de Murcia fue la letrada del PSOE que denunció al presidente y luego su marido lo imputó

Marido (fiscal jefe de Murcia) y mujer (abogada del PSOE) han jugado un papel fundamental en las acusaciones que pueden llevar al banquillo al presidente de la Región de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez.

Atendiendo a los informes de la Fiscalía, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca pidió la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que investigue al presidente Pedro Antonio Sánchez por cuatro presuntos delitos en el llamado caso Auditorio.

El PSOE inició su ofensiva contra el político popular en 2005, cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, con varias querellas contra decisiones administrativas y urbanísticas de su Ayuntamiento. La responsable de dirigir estas acciones judiciales en representación de los socialistas fue la abogada Amparo Hornillos, esposa del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal.

No obstante, para evitar un conflicto de intereses Hornillos se retiró de estas causas y cedió la representación del PSOE a otro letrado, pocas semanas antes de que su marido tomara posesión del cargo de fiscal jefe.

Cuatro delitos en el ‘caso Auditorio’

Así ocurrió, por ejemplo, con la demanda que los socialistas presentaron contra la Consejería de Hacienda de Murcia por supuestas irregularidades en una cesión de unos terrenos para la construcción de un parking. Hornillos se retiró de esta causa poco antes de que su marido abriera diligencias informativas.

En el llamado caso Auditorio, a raíz de una denuncia del PSOE la Fiscalía Superior de Murcia abrió una investigación contra Pedro Antonio Sánchez. En sus conclusiones, acusa al político popular de cuatro presuntos delitos: fraude contra la Administración pública, prevaricación continuada, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

En su informe dirigido al Juzgado, el fiscal de Delitos Urbanísticos de la Comunidad murciana, José Luis Díaz Manzanera, pide que sean investigados también en esta pieza la que en entonces era secretaria accidental del ayuntamiento de Puerto Lumbreras, Caridad García; la interventora Francisca Romera, el arquitecto Martín Lejárraga; el letrado asesor del Consistorio, Ricardo Fernández, y los integrantes de la junta de gobierno local que aprobaron el proyecto del auditorio.

La construcción de este centro cultural fue posible gracias a una subvención de 6 millones de euros otorgada por el Gobierno regional de Murcia. El actual presidente del Ejecutivo autonómico, Pedro Antonio Sánchez, ha recalcado que la subvención se invirtió «al cien por cien» en esta infraestructura, «se pagó y está justificada», tal y como «acreditan absolutamente todas las certificaciones, informes y documentos».