Investigación

El jefe de la Policía denunció en el caso Nicolay a Martín Blas por filtrar secretos a ‘Público’

El ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, número dos y jefe corporativo de facto de la Policía entre 2012 y 2015, denunció al comisario Marcelino Martín Blas, entre otros motivos, por filtrar al diario Público a través de su reportera Patricia Ariadna López Lucio, información sensible y confidencial del caso Nicolay. La denuncia fue presentada a comienzo de 2016 ante el juez Zamarriego, entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que instruía el sumario.

La denuncia, que también era extensible al ayudante de Martín Blas, el inspector número 11.487, Eladio Rubén López, nunca fue cursada por el magistrado Zamarriego, que había nombrado a los dos policías como los responsables de la comisión judicial del caso Nicolay. Eladio Rubén fue imputado meses después por la actual magistrada responsable de la investigación judicial por retrasar de manera intencionada las pesquisas.

Eugenio Pino recogía en su denuncia de manera pormenorizada los motivos por los que había decidido destituir a Martín Blas de su cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), la encargada de investigar las irregularidades de los profesionales de la Policía y de servir de enlace con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En teoría esos eran sus cometidos, aunque en la época de Martín Blas la UAI también investigó la corrupción en Cataluña o al Pequeño Nicolás.

Martín Blas, destituido por filtrador

Una de las causas que provocó la destitución del comisario principal Martín Blas, conocido en la Policía como El Rústico y Platero, al frente de la UAI fue los continuos encuentros, no autorizados por sus superiores, con reporteros del diario podemita de Jaume Roures, el troskista amante de las offshores  en el paraíso fiscal de Panamá.

“Le ordené (a Martín Blas) que no se reuniera más veces con la periodista Patricia López (se refería a Patricia Ariadna López Lucio) -señalaba Pino en su denuncia ante Zamarriego- pues estaba publicándolo todo de este asunto (caso Nicolay) con un detalle que sólo podía obtener de ellos (incluye también a Rubén Eladio), a lo que hizo caso omiso y hasta en tres ocasiones se reunió con ella sin mi autorización, teniendo constancia ahora que pudieron ser siete o más veces, lo que podrá constatar (se refiere al juez Zamarriego) pidiendo el registro de visitas de la Unidad de Asuntos Internos, hizo que quebrara la confianza en su persona y propusiera el cese al director general”.

Con anterioridad, en su declaración ante el juez Zamarriego, el 6 de noviembre de 2015, el todavía DAO de la Policía se quejaba ante el magistrado de las filtraciones del sumario a Público: “Porque veo en la Prensa cómo me filtran unos o cómo me filtran otros y no hago excepciones y ese es mi gran preocupación. Hoy por ejemplo está filtrado que estoy con mi foto correspondiente en un diario que tiene la exclusiva de una periodista que se llama Patricia (ser refiere a Patricia Ariadna López Lucio)….. pues evidentemente, bueno, pensé, uno de los dos … partes lo ha filtrado, porque yo, el único que ha tenido acceso a mi comparecencia soy yo, y no lo he filtrado, evidentemente alguien lo ha podido filtrar”.

Y el juez le contestaba: “Yo no”.

Whatsapp entre Público y la comisión judicial

Para Pino los únicos responsables de las filtraciones, como se constataba en su denuncia, eran los responsables de la comisión judicial del caso Nicolay: Martín Blas y Rubén Eladio López. Especialmente el inspector 111.487, como firmaba sus investigaciones policiales, quien mantenía una estrecha relación con la colaboradora del diario del independentista Roures.

Tal era la íntima relación entre Patricia Ariadna López Lucio y Rubén Eladio López que la reportera de Público en su declaración ante el juez Zamarriego, el 11 de marzo de 2016, le reconocía haber mandado “whatsapp a un miembro de la comisión judicial”. Ni que decir tiene que se trataba de Rubén Eladio.

Según se recoge en la denuncia del ex DAO Pino, lo paradójico y sorprendente era que, mientras los reporteros y colaboradores de Público tenían patente de corso para explotar las filtraciones de la comisión judicial del caso Nicolay, el propio comisario expulsado de la Unidad de Asuntos Internos y el magistrado Zamarriego desataban una persecución contra una serie de periodistas que, previamente, habían colaborado con el Juzgado al no reproducir la grabación de una reunión entre dos agentes del CNI y la Policía.

La difusión del contenido de esa reunión por el diario Infolibre, en la que estaban presente Martín Blas y Rubén Eladio, desató la ya conocida como guerra entre comisarios, especialmente entre Martín Blas y José Villarejo, y provocó la apertura de una pieza separada en el caso Nicolay.

El mundo al revés. Los perseguidos judicialmente eran los periodistas Esteban Urreiztieta, que había entregado en mano el 12 de diciembre de 2014 a Martín Blas y a su ayudante Rubén Eladio López en la cafetería Riofrío de Madrid un pendrive con la grabación de la reunión con los agentes del CNI, y Eduardo Inda, el director de OKDIARIO.

Persecución contra periodistas

Los dos periodistas, que entonces trabajaban en el equipo de Investigación de El Mundo, prefirieron colaborar con la Justicia antes de obtener el mérito de un nuevo scoop periodístico, pero como premio se toparon con una investigación policial que pretendía la intervención de sus correos electrónicos y sus teléfonos y el registro de sus domicilios particulares.

Ambos fueron sometidos a una presión sin precedentes en la que Martín Blas y Rubén Eladio contaron con la participación de Patricia Ariadna López Lucio y Público. El diario de Roures, que se presenta como un periódico de izquierdas, se entregaba por completo a la causa de un comisario cuya biografía se remonta a los oscuros años del tardofranquismo y que, según sus compañeros, con sus decisiones desprestigiaba al Cuerpo policial.

Los periodistas se llevaron dos sorpresas. La primera: el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, a instancias de Martín Blas y su ayudante -hoy día imputado en la misma causa que él investigó- abría contra ellos unas diligencias -la pieza separada II de la 4676/14- por pertenecer a una supuesta y fantasmagórica organización criminal. Y la segunda: el pendrive desaparecía y era incorporado por Martín Blas a las diligencias en forma de CD, lo que presuponía una posible manipulación.

Como afirmaba el ex DAO Pino en su denuncia: “La Unidad de Asuntos Internos remite al juez un CD con el escudo del Cuerpo Nacional de Policía y la inscripción Cuerpo Nacional de Policía Sitel, DP 4676/14 CD-1, teniendo la grabación una duración de 6:52 minutos, de fecha 23 de diciembre de 2.014, siendo solamente de un día anterior el oficio de remisión del citado CD a Policía Científica”.

Destrucción de pruebas

El propio Pino en la denuncia ante Zamarriego contra Martín Blas y su ayudante, señalados por él como unos falsificadores de informes policiales, se quejaba de que: “La primera irregularidad que aprecio de la lectura de las diligencias es que se tarde más de diez días en poner a disposición la grabación cuando le ordené al comisario principal Marcelino, taxativamente, que lo hiciera el lunes 15 de diciembre, en mi despacho. Soy yo personalmente quien ante la negativa del comisario principal Marcelino a judicializar la cuestión le tengo que ordenar que le dé cuenta a usted de la existencia de la misma”.

Y el ex DAO de la etapa de Jorge Fernández Díaz, el ministro que se vio obligado a dimitir en medio de una verdadera conspiración tras la filtración a Público de la grabación de su conversación en su despacho del Ministerio del Interior con el jefe Antifraude, De Alfonso, le manifestaba al magistrado: “No se puede determinar dónde está el pendrive». Otra prueba de cargo que, según Pino, había desaparecido.

El número dos de la Policía recriminaba a Martín Blas de la irresponsabilidad de entregarle al juez el contenido de la grabación diez días después, de desaprovechar la oportunidad de obtener los metadatos del pendrive y del desprecio a la cadena de custodia. Y concluía: “De la extracción de los metadatos de este pendrive se podría haber obtenido datos relevantes para la resolución del caso”.

Pino no entendía el comportamiento del juez Zamarriego: “Que no dispongamos de este pendrive es un hecho grave al que usted no puede ser ajeno y le debe llevar a tomar la decisión de, atendiendo a la petición del Ministerio Fiscal, apartar a los investigadores (Martín Blas y Eladio Rubén López) por una clara actuación delictiva con la destrucción de una prueba esencial”.

 

 

En referencia a la información publicada el 26 de febrero de 2018 en OKDIARIO bajo el título ‘El jefe de la Policía denunció en el caso Nicolay a Martín Blas por filtrar secretos a ‘Público», doña Patricia López quiere realizar la siguientes aclaraciones:

Que no es cierto que yo haya mantenido una «estrecha» ni «íntima» relación con el inspector de Policía, y miembro de la Comisión Judicial nombrada por el juzgado de Instrucción 2 de Madrid en la pieza separada del ‘caso Nicolay’, don Rubén Eladio López.

Que en mi declaración ante el referido Juzgado de Instrucción 2 de Madrid del 11 de marzo de 2016, en la que se recoge que mandé «mensajes de Whatsapp a un miembro de la comisión judicial», hago referencia –como se deduce del resto de mi declaración– a los mensajes de Whatsapp intercambiados por mi con don Nicolás Gómez Iglesias y el Comisario Villarejo (no con la Comisión) , que envié por mail a la Comisión Judicial y se incorporaron al informe que ésta realizó.

Que, en consecuencia, no es cierto que yo enviara ningún Whatsapp a ninguno de los miembros de la Comisión Judicial nombrada por el referido Juzgado de Instrucción.

Que niego rotundamente que tales miembros de la Comisión Judicial del ‘caso Nicolay’ me hayan filtrado ninguna información que haya sido luego divulgada en ‘Público’ sino que, antes al contrario, he sido yo la que ha proporcionado a requerimiento judicial información procedente de mis propias fuentes a esa causa; y que todo lo publicado por mí en el diario ‘Público’ respecto de ese caso proviene de información del propio sumario al que tenían acceso todas las partes personadas.

Que es falso que yo haya participado de ningún modo en la presunta «presión sin precedentes» (a la que se afirma habrían sido sometidos los periodistas Esteban Urreiztieta y Eduardo Inda, lo que también es incierto), ni que el diario ‘Público’ se haya entregado «por completo a la causa» del Comisario Martín Blas, al que acusan en su artículo de ser un «falsificador de informes policiales» y de «destrucción de pruebas».