Investigación
CASO YAK-42

Interior elaboró un informe secreto sobre los vuelos de Defensa que no se entregó al juez

José Antonio Alonso, el ministro del Interior del primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, encargó a mediados de 2004 al comisario Miguel Ángel Fernández-Chico una investigación secreta sobre las sociedades contratadas por Defensa para los desplazamientos de los militares españoles en misiones de paz. El informe nunca fue entregado a los jueces que instruyeron la causa. Entre los vuelos investigados se hallaba el Yak-42 que se había estrellado un año antes en Turquía y había causado 72 muertos, entre ellos 62 españoles. Fernández Chico, acababa de ser nombrado por el nuevo ministro del Interior jefe de la Dirección de Apoyo Operativo de la Policía (DAO),  un cargo que conllevaba ser el número dos de la Policía.

La decisión fue adoptada por el ministro del Interior después de mantener una reunión secreta con su homónimo en Defensa, José Bono. Éste se había comprometido con los familiares de las víctimas del avión siniestrado en averiguar la verdad sobre el accidente. Tras el dictamen del Consejo de Estado, Bono ha manifestado que dispone de documentos no publicados sobre el accidente del Yak-42.

Fernández Chico, tras las instrucciones del ministro del Interior emprendió una exhaustiva investigación sobre la trama que se había formado en torno a los viajes de Defensa. Para ello constituyó en el seno del DAO una unidad especial formada por policías de confianza para rastrearan todas las operaciones de los intermediarios con quienes el ministerio había contratado los aviones.

Los agentes después de varios meses de pesquisas elaboraron un amplio esquema con los nombres de varias  sociedades españolas y extranjeras. El contenido del informe llegaba a la conclusión de que las claves de la investigación pasaba por una sociedad libanesa que figuraba en los contratos.

Las notas informativas de la unidad especial de agentes, entre quienes se encontraban varios comisarios, completaron un amplio informe que Fernández Chico guardó en un cajón y que, supuestamente, fue entregado al Gobierno de Rodríguez Zapatero a través del titular de Interior. Dieciocho años después nadie conoce el paradero de aquel informe confidencial. Nunca fue presentado en ninguno de los sumarios abiertos en Zaragoza o en la Audiuencia Nacional. El dao Fernández Chico falleció en enero de 2012 llevándose a la tumba los secretos del Yak-42 y de otras operaciones policiales como el ático de Ignacio González o el caso Faisán.

Aquella decisión de abrir una investigación secreta no sorprendió a los agentes de la unidad de inteligencia de la Dirección Operativa ya que era normal que el dao encargara investigaciones confidenciales sobre asuntos relacionados con la vida política española. 

A raíz de aquellas pesquisas Defensa descubrió una red de oficiales que dirigían un mercado negro sobre los gastos operativos del ministerio en la contratación de viajes al extranjero.

El vuelo del Yak-42 había sido contratado por la agencia de Mantenimiento y Apoyo de la OTAN (NAMSA), ya que el Ejército español carecía de medios aéreos. La OTAN se hizo con los servicios de la británica Chapman Freeborn que, a su vez, subcontrató a la sociedad Ukranian Air Mediterranean (UM Air). Esta última fue la que fletó el vuelo.

Los agentes de la DAO elaboraron un informe sobre los otros 43 vuelos que habían operado para Defensa con anterioridad al accidente del Yak 42, en 2003, cerca del aeropuerto turco de Trebisonda. La actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se ha comprometido con los familiares de las víctimas a localizar todos esos contratos, incluidos el del avión siniestrado.  

Alonso, un político de formación jurídica, con un perfil más acorde con las funciones de un ministro de Justicia, fue colocado por Rodríguez Zapatero en Interior pare poner orden después de la descoordinación previa al atentado del 11-M. Alonso sólo permaneció dos años al frente de Interior pero, sorprendentemente, fue trasladado a Defensa cuando José Bono presentó su dimisión en 2006. Interior pasó a manos de Alfredo Pérez Rubalcaba que no continuó con la investigación.