El Govern dice que si hay sala privada para la infanta será por razones de seguridad

El Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol ha solicitado a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que la infanta Cristina cuente con una sala privada en la que pueda descansar, apartada del resto de encausados, durante los recesos del juicio del caso Urdangarin.

De este modo, el Ejecutivo autonómico ha planteado que la hermana del rey Felipe VI reciba un trato diferenciado del resto de procesados y goce de una cierta intimidad, que le permita mantenerse apartada de la prensa y de las cámaras de televisión cuando se interrumpa la vista oral. El proceso se celebrará a partir del 11 de enero en la isla.

Este macrojuicio, en el que también se sentarán en el banquillo el ex presidente autonómico Jaume Matas y otras 15 personas, contará con la presencia de varias decenas de periodistas acreditados por medios de comunicación de toda España.

Según las fuentes consultadas por OkDiario, el Govern balear habría planteado esta petición a instancias de la Casa Real, que participa en el diseño de las medidas de seguridad que rodearán el recinto. Hay que recordar que, el día que doña Cristina tuvo que acudir a declarar como imputada a los juzgados de Palma, se esgrimió también el argumento de la seguridad para evitar que la infanta tuviera que bajar a pie la rampa que conduce desde la calle a la entrada de los juzgados.

Sin embargo, el presidente del tribunal sentenciador, Juan Pedro Yllanes, ha rechazado rotundamente esta solicitud y se ha negado a que la infanta reciba un trato preferente respecto al resto de acusados.

El macrojuicio de ‘La Paca’

El juicio se celebrará el próximo mes de enero en un recinto situado en el Polígono de Son Rossinyol de Palma de Mallorca, cedido por el Govern balear a petición de la Audiencia Provincial, debido a las especiales condiciones del proceso: el gran número de acusados que se sentarán en el banquillo (en total, 18) y la presencia de numerosos periodistas y equipos de cadenas de televisión.

De hecho, se trata del mismo espacio en el que, entre enero y abril de 2013, se celebró el macrojuicio contra el clan de La Paca, la familia que controlaba buena parte del tráfico de drogas de la isla, desde el poblado de chabolas de Son Banya. En aquella ocasión, se sentaron en el banquillo 55 miembros de distintas organizaciones del narcotráfico.

El edificio en el que se celebrará el juicio del caso Urdangarin pertenece a la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), que depende de la Conselleria de Hacienda dirigida por Catalina Cladera i Crespí. Las instalaciones se utilizan habitualmente para desarrollar actividades de formación de los funcionarios de la Comunidad.

La Casa Real dicta el dispositivo de seguridad

Las fuentes del Govern balear consultadas ayer por OkDiario indicaron que el Ejecutivo autonómico se limita a ceder, a petición de la Audiencia Provincial, el recinto en el que se celebrará el juicio. Y recordaron que entra dentro de lo normal que la Casa Real imparta determinadas instrucciones y peticiones sobre cómo debe organizarse el dispositivo de seguridad en el recinto, debido a la presencia de un miembro de la Familia Real: la infanta Cristina.

El Gobierno autonómico está formado actualmente por el PSOE y los nacionalistas de Més, con el respaldo externo -y extraordinariamente crítico- de Podemos desde el Parlament balear.

Además de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, se sentarán en el banquillo el ex socio de éste, Diego Torres y su esposa Ana María Tejeiro. Junto con el ex presidente autonómico Jaume Matas están también encausados su ex director de Deportes José Luis Ballester y otros altos cargos del Govern balear (el ex director general de Turismo Juan Carlos Alía, Gonzalo Bernal y Miguel Ángel Bonet).

En el juicio también se dilucidará el presunto desvío de fondos públicos en varios contratos urdidos por Urdangarín y su socio con los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Urdangarin y su socio se embolsaron más de 6 millones

En consecuencia, también están procesados los ex responsables públicos valencianos Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado; así como la ex consejera delegada de Madrid 16, Mercedes Coghen, y el asesor fiscal Salvador Trinxet.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará la vista oral bajo la presidencia del magistrado Juan Pedro Yllanes, con Samantha Romero como ponente y Eleonor Moyà como tercera magistrada.

El tribunal juzgará la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y Torres que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid.

Los procesados deberán responder de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad documental por particulares, falsedad en documento público por funcionario, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo.

La Fiscalía ha pedido para ello fianzas de responsabilidad civil y pecuniaria que superan los 60 millones de euros.