La ETT de la mujer de Sánchez cazó 12 ‘kilos’ públicos por colocar parados mientras echaba personal

Inmark, el grupo empresarial del que es socia y directora Begoña Gómez, mujer del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez, recibió 12 millones de dinero público para ayudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Fundación Tripartita a insertar parados, según la documentación que obra en poder de OKDIARIO.

Mientras su marido luchaba frontalmente contra la reforma laboral del Partido Popular y todas las medidas puestas en marcha para reducir el desempleo, el grupo Inmark, en el que se inserta Inmark Europa, del que era socia y directora Begoña Gómez, recibía dinero de las administraciones públicas para reinsertar personas desempleadas en el mercado laboral. A la vez que recibía estas subvenciones, el grupo de la empresa de la mujer de Sánchez, que copa la actividad en España, realizó ajustes de plantilla que le permitieron recortar sus costes laborales en un 44%.

El paro es una lacra social que cualquier político pretende erradicar. Sin embargo, para las empresas de colocación y formación es el maná, una fuente de ingresos sin la que no podrían subsistir. Es el caso del grupo empresarial Inmark para el que trabaja Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.

En agosto de 2015, la dirección general del Servicio de Empleo Estatal, otorgó varios contratos a dedo, negociado sin publicidad, para «realizar trabajos de inserción en el mercado laboral de personas desempleadas con base en el acuerdo marco con agencias de colocación».  Uno de los lotes abarcaba las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. La adjudicación de 3 millones de euros recayó en Adalid Inmark, perteneciente al Grupo Inmark.

Otra filial del grupo, Ibecon 2003, se llevó 6,8 millones de euros del mismo concurso a dedo, sólo que en su caso las tareas de reinserción laboral se llevarían a cabo en las comunidades de Extremadura, Castilla y León, Canarias, La Rioja y Navarra.

Un año antes, 2014, Adalid Inmark recibió dos adjudicaciones de los fondos de la Fundación Tripartita para el empleo, que se nutre de la cuota de formación de los trabajadores, y de fondos europeos y estatales. Por esta vía, Inmark captó otros 2 millones de euros.

En suma, el conglomerado empresarial de la esposa del líder socialista se había hecho con casi 12 millones de euros de fondos públicos estatales bajo mandato del Gobierno del PP para insertar o formar parados.

Reducciones de salario y plantilla en Inmark

Mientras el grupo recibía abundantes ayudas estatales para el fomento del empleo, algunas de las empresas absorbidas por Inmark como Task Force morían plagadas de deudas con la Seguridad Social y recibían quejas de trabajadores por precariedad laboral, que alegaban ganar apenas 400 euros al mes del entramado de la esposa del entonces líder socialista, según testimonios que recogió OKDIARIO.

La situación era tan grave en 2013 que el grupo empresarial Inmark llegó al preconcurso de acreedores. De esta situación salió pactando con Hacienda, bajo el Gobierno del PP, que les dio cuatro años para pagar sus deudas. Y a la vez negoció con la banca y con los proveedores el aplazamiento de sus deudas.

El grupo empresarial de la esposa de Sánchez no sólo suplicó a la banca, recurrió a la fórmula que tanto había combatido su marido como respuesta conservadora a la crisis económica: «Se reformuló el modelo retributivo variable» y se «procedieron a realizar reducciones de plantilla tanto en actividades de back office como productivas». Es decir, la empresa recortó sueldos y plantilla.

La dureza del ajuste se explica elocuentemente por las cifras de ahorro obtenidas a costa de los trabajadores: «Los relevantes procesos de reestructuración iniciados en 2013 han dado sus frutos en 2014, así es de destacar la relevante reducción de los gastos de personal, próxima al 44%, pasando de 1.347.000 euros a 754.200 euros a fines de 2014».

En suma, la reforma laboral de Rajoy había permitido al grupo empresarial de la esposa de Sánchez recortar plantilla y salarios, al tiempo que recibía en esos mismos años 12 millones del Estado, lo que suponía sanear/rescatar su economía, bajo el pretexto de promover la inserción de parados.

Incluso, la propia Adalid Inmark, mientras lograba el concurso con Empleo en 2015, debía 16.224 euros a la Seguridad Social. En total, adeudaba 158.000 euros al Estado, entre otros elementos por retenciones practicadas y no ingresadas o IVA impagado. Otro tanto ocurrió en 2014 mientras captaba 2 millones financiados en parte con la cuota de los trabajadores en el seno de la Fundación Tripartita.

La ley obliga a estar al corriente de pagos con el Estado para poder ser contratado por la administración pública. Inmark no era capaz de estar al día. Tuvo que pedir aplazamientos al equipo de Montoro.