Condenado un diputado provincial del PP leonés por pagar 128.000 euros en sobresueldos

El ex vicepresidente de la Diputación de León, actual diputado provincial del PP en la oposición y alcalde de Páramo del Sil, Ángel Calvo Fernández, ha sido condenado por ordenar el abono de sobresueldos a varios empleados del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la provincial de León (Gersul). En total, 128.000 euros, según la sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, aunque en la misma se reconoce que, en realidad, la cantidad efectiva fue superior.

Gersul depende de la Diputación de León y Ángel Calvo estuvo al frente de ella en la anterior legislatura. El pasado 22 de marzo, este ex dirigente del PP leonés anunció en rueda de prensa que había decidido dejar la política tras 28 años seguidos ocupando cargos públicos municipales y provinciales, y así dar paso a caras nuevas. No aludió a esta sentencia condenatoria, que el Tribunal de Cuentas dictó escasos días antes, según evidencia la fecha del fallo judicial. Lleva la firma de Diego Íñiguez, titular del Departamento Tercero de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

El secretario, también culpable

Esos sobresueldos ilícitos fueron pagados por orden de Ángel Calvo a pesar de que el interventor de Gersul insistió reiteradamente en que no se ajustaban a la legalidad. Para hacerlos efectivos y saltarse los reparos del interventor, Calvo recabó otros informes a favor, entre ellos del que fue secretario de Gersul y, a su vez, uno de los que se embolsaron esos sobresueldos, Vicente González Iglesias, también condenado por el Tribunal de Cuentas en este proceso. González Iglesias y Ángel Calvo deberán responder solidariamente por la cantidad a la que han sido condenados y, así, pagar al consorcio leonés de residuos esos 128.000 euros, más intereses.

Según el relato de hechos probados que recoge esta sentencia, desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2018, mes a mes, el interventor de Gersul emitió informes de reparo contra el abono de complementos salariales improcedentes y «exceso de retribuciones» a favor de seis trabajadores de la entidad, entre ellos el que ocupaba la plaza de secretario.

Fondos desviados

Tras examinar el caso, el tribunal ha cifrado en al menos 113.382,47 euros los sobresueldos ilícitos repartidos entre cinco de esos empleados, y en un mínimo de 30.007,83 euros los que se embolsó de forma igualmente irregular el secretario, Vicente González Iglesias. Y eso sin contar «las pagas extras de los trabajadores, ya que no se identifican en el cuerpo de la nómina los conceptos retributivos», ni «los periodos en los que los trabajadores se encontraban en situación de incapacidad laboral temporal».

Es decir, el magistrado Íñiguez cifra en no menos de 143.390 euros los fondos de los que se lucraron ilícitamente esos seis trabajadores gracias a los salarios irregulares firmados por Ángel Calvo. Pero, como indica en su fallo Diego Íñiguez, el importe objeto de la condena efectiva no puede ser superior al reclamado por los demandantes, en este caso por la Fiscalía. Y la demanda del fiscal cifró el desvío de fondos exigible en menos cantidad, exactamente en 128.324,54 euros, más intereses. De ahí que haya sido ese el importe por el que han sido condenados el diputado Ángel Calvo y el funcionario González Iglesias, que pueden recurrir esta sentencia.

Veterano del PP leonés

El todavía diputado provincial del PP y alcalde de Páramo de Sil –ocupará ambos cargos hasta que las elecciones de mayo renueven ambas instituciones– era secretario general del PP leonés cuando se produjeron los hechos. Es decir, el número dos del partido en la provincia de León. Histórico y destacado dirigente de los populares en esa provincia, Ángel Calvo también ejerció como director de las campañas para las elecciones de 2019, cuando el PP sufrió un retroceso en León que le costó el ayuntamiento de la capital y la presidencia de la diputación provincial. Poco después, Calvo fue apartado de la secretaría general de los populares leoneses.

En cuanto al caso de los sobresueldos que ha juzgado el Tribunal de Cuentas, las diligencias se remontan a hace tres años. Decidió abrir actuaciones previas en 2020, que acabaron sustanciándose en el procedimiento judicial que ha conducido a esta sentencia.