Derechos humanos según para quién

Hay causas que se defienden con pancarta, megáfono y tuit. Y otras que se diluyen entre matices, contextos y silencios estratégicos. La izquierda española es experta en esta coreografía que diseña bajo el son que mejor le convenga. Y fluctúa con la misma indiferencia desde la firmeza con Palestina hasta la tibia impasividad con Venezuela. El problema no es elegir bando, sino determinar cuándo el derecho internacional importa y cuándo estorba.

Con Palestina no había dudas, maquillando un pseudo compromiso en una flotilla que hablaba de ocupación, de castigo colectivo y de crímenes de guerra. Se invocaba a la Corte Penal Internacional como si fuera un faro moral, exigiendo justas sanciones y, por supuesto, responsabilidades penales.

Pero el discurso cambia cuando el foco se posa en Caracas y el acusado es el dictador chavista Nicolás Maduro. Entonces aparecen los peros y la CPI muta de garante a sospechosa. Entonces el marco lo ocupa la geopolítica y el eterno comodín del «imperialismo», y las víctimas se vuelven estadísticas incómodas. Conviene recordar que la fiscalía de la CPI investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017. El expediente recoge ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución política y uso sistemático de los servicios de seguridad para reprimir la disidencia, con un éxodo que ya ronda los ocho millones de venezolanos.

Hace un mes se hacía público el cierre de la oficina de Caracas de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía concluyó que en Venezuela no hubo avances reales en la investigación de crímenes de lesa humanidad, pese a promesas, reuniones y discursos oficiales. El principio de complementariedad, ése que exige que el propio Estado investigue, había quedado, una vez más, en el papel. Y aquí no pasa nada.

Que la CPI se retire por falta de progreso no exonera al régimen, pero sí lo retrata. La investigación sigue, sí, pero ahora desde La Haya, lejos del simulacro de cooperación que nunca se tradujo en justicia. Venezuela no falló por falta de tiempo ni de acompañamiento internacional, falló por falta de voluntad. La pregunta es cuánto más debía tardar el sistema internacional en asumir que el encubrimiento también es una forma de responsabilidad.

Y es justo en este escenario donde debería terminar el debate para cualquiera que se reclame defensor de los derechos humanos. Y sin embargo, no termina. Porque para buena parte de la izquierda española, como Iglesias, Montero y Belarra… la vara de medir se ajusta según el carné ideológico del acusado. La CPI es legítima cuando investiga a aliados de Estados Unidos, pero es «instrumentalizada» cuando apunta a gobiernos que se dicen antiimperialistas. Víctimas, sí, pero no todas iguales. Mientras tanto, Zapatero, Sánchez y todo el séquito de afines chavistas optan por la diplomacia de boquilla.

Mucha palabra, pero más que callar. Un equilibrio que sirve para no romper puentes, pero que también desactiva cualquier exigencia real de rendición de cuentas. Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta de Venezuela desde junio de 2018, se convierte en la nueva líder interina del país caribeño y proporciona un balón de oxígeno a sus cómplices, aquellos que bajo el marco de «anomalía política normalizada» dieron la bienvenida a la Sra. Rodríguez en Barajas en 2020 para reunirse con el entonces ministro José Luis Ábalos estando sancionada por la Unión Europea por violaciones de derechos humanos. A lo que se suma la visita como «ciudadano particular» a Caracas del cómplice Zapatero. Otra fórmula mágica para blanquear lo incómodo.

La perpetua incoherencia izquierdista no es casual ni inocente, ni lo es que el derecho internacional se defienda cuando confirma el propio relato y se cuestione cuando lo contradice. Defender Palestina y relativizar Venezuela no es sensibilidad internacionalista, sino selectividad moral. Y la selectividad moral termina siendo una máxima expresión de cinismo político, donde los derechos humanos valen, pero con condiciones.

La izquierda española haría bien en decidir qué quiere ser cuando crezca. Porque en tiempos de polarización global, la coherencia es una obligación y la defensa de los derechos humanos ha de ser la misma para todos. Y porque la justicia no debiera entender de banderas. Y las víctimas tampoco.