Yolanda Díaz exige que los estudiantes se queden las becas aunque no aprueben ninguna asignatura

Sumar, la formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, exige que los estudiantes que hayan recibido becas no tengan que devolverlas, aunque no logren «conseguir unos mínimos académicos en el presente curso». Es decir, pretende eliminar los requisitos que tienen que cumplir los estudiantes para no perder la ayuda, lo que implica que se la quedarían independientemente de su rendimiento.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha recogido este miércoles la Proposición No de Ley (PNL) «relativa a becas y trastornos del aprendizaje» presentada por Sumar para que se debata en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La exposición de motivos de la iniciativa del partido fundado por Yolanda Díaz recoge las razones por las que quieren retirar esos requisitos. El texto recuerda que la normativa actual (Real Decreto 1721/2007), aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, establece «la posibilidad de reintegros de parte o del total de la beca por no alcanzar unos objetivos académicos durante el curso de disfrute de la beca». Es decir, que si los alumnos no consiguen una nota mínima para el curso becado, tendrán que devolver parte del dinero.

Concretamente, apunta la PNL, «para poder tener una beca se revisan los datos académicos de dos cursos escolares». Es decir, para solicitar una beca, los estudiantes deben haber aprobado el curso anterior y, al finalizar el siguiente, también tendrán que haber llegado a esa nota mínima.

Desde la formación magenta critican que la política de becas tenga que «fomentar la mejora del rendimiento académico de los estudiantes». Apuntan que, según otra norma (Real Decreto 609/2013) del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, para dar las becas hay que cumplir dos requisitos: primero, sufrir las «condiciones socioeconómicas desfavorables» y, segundo, «fomentar la mejora del rendimiento académico de los estudiantes».

«Instrumento de estímulo»

Sumar ha citado un estudio que explicaba que el decreto persigue «la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, prestando especial atención a situaciones de necesidad». Y, sin embargo, inciden en que debería «ser un instrumento de estímulo a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, especialmente de los estudiantes de los niveles superiores del sistema educativo».

Esa medida, según han valorado desde Sumar, «implica una disminución de los importes que el alumnado podía percibir con la anterior normativa». Además, insisten en que «el importe de la beca ligada a la renta ha disminuido» mientras que aumentaba «el que depende de los resultados académicos».

Basándose en ello, Sumar ha pedido «anular el proceso de devolución de la beca concedida por no conseguir unos mínimos académicos en el presente curso, ya que penaliza al alumnado proveniente de familias con menos recursos». Es decir, que las notas del alumno serían irrelevantes, por lo que incluso con todas las asignaturas suspensas, los alumnos podrían quedarse la beca.

Regularizaciones para becas

El Gobierno admitió hace unas semanas otra Proposición no de Ley de Sumar para regularizar «automáticamente» a los hijos de inmigrantes ilegales para que puedan acceder a las becas educativas. Se trataba de una iniciativa para el pleno derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades para el alumnado en situación administrativa irregular, que consiste en «garantizar el acceso al certificado del Número de Identidad de Extranjero (NIE) a todos los menores de edad», independientemente de la situación administrativa de sus padres, con el objetivo de que puedan acceder a ayudas al estudio. Una regularización que, según las cifras que maneja la formación de Díaz, afectaría a más de 154.000 hijos de inmigrantes ilegales.

«El proceso para la escolarización de un menor en situación regular solo requiere rellenar un formulario y presentarlo bien telemáticamente o de manera presencial. El trámite es sumamente sencillo. La realidad es muy diferente para los menores en situación irregular: la ausencia de un permiso de residencia y de un NIE puede impedir su acceso a exámenes oficiales, certificaciones o ayudas públicas y becas», apuntaba la propuesta registrada por Sumar.