Varapalo judicial a Rosell, candidata de Podemos al CGPJ: acusó falsamente de extorsión a su ex empleada

Varapalo judicial a Victoria Rosell. La candidata podemita que los de Pablo Iglesias pretenden colocar como vocal en el Consejo General del Poder Judicial ha acusado falsamente de extorsión a su ex empleada del hogar la boliviana Simona Chambi. En un duro auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el tribunal ratifica el sobreseimiento libre y definitivo de la causa al entender que esta empleada del hogar no cometió los delitos de extorsión, estafa procesal, amenazas y coacciones denunciados por la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y número 2 de la ministra de Igualdad Irene Montero. Ahora, la trabajadora llevará a Rosell a los tribunales, nuevamente, en este caso por denuncia falsa.

En el auto, los magistrados ratifican que el archivo de la causa debe ser libre –y no provisional– porque de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la doctrina sentada del Tribunal Supremo «procede acordarse el sobreseimiento libre de las actuaciones cuando el hecho no sea constitutivo de delito» como ocurre en este caso. Los magistrados reprochan a Rosell que llevase a la vía penal una causa que se estaba resolviendo en lo laboral.

La boliviana Simona Chambi denunció que la podemita Victoria Rosell y su pareja, Carlos Sosa, la habían despedido de forma «improcedente» cuando se encontraba de baja por enfermedad, después de trabajar para ambos como empleada del hogar durante más de siete años. Según la denuncia que fue presentada ante los Juzgados de lo Social de Las Palmas, Chambi había trabajado como empleada del hogar de Victoria Rosell (candidata de Podemos al CGPJ) en distintos períodos desde septiembre de 2011. Buena parte de este tiempo, sin contrato y cobrando en negro, según la demanda laboral. La ex empleada afirmó que comenzó a trabajar para la juez en septiembre de 2011 por 500 euros al mes. Inicialmente, cobraba en «dinero negro o B», pero a los cinco meses se plantó y exigió que le hicieran contrato, para poder regularizar su situación en España, lo que propició su despido.

No hubo extorsión

Así, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria entiende que «la circunstancia de presentar una demanda ante la jurisdicción social, por considerar la trabajadora que la indemnización ha sido calculada de forma errónea, o mostrando un desacuerdo con la indemnización fijada o con los conceptos valorados por el empleador no constituye una coacción».

El tribunal concluye que «no pueden entenderse los hechos como constitutivos de delitos de extorsión, amenazas o coacciones cuando la denunciada se limita a interponer una demanda ante la jurisdicción laboral, previa remisión de la papeleta de conciliación, que debe ser interpretada en dicho contexto, como también así deben ser valoradas las manifestaciones que, en algún medio de comunicación, haya podido hacer el letrado, en cuanto a las estrategias utilizadas, que no pueden suponer, de forma automática, una responsabilidad delictiva de la denunciada, que se limitó a reclamar lo que consideraba su derecho». Así, los magistrados dan por cerrada de manera definitiva esta causa.