Urkullu prepara encuentros «por la convivencia» entre víctimas y verdugos tras excarcelar a 23 etarras

El Gobierno vasco acaba de aprobar la progresión al tercer grado penitenciario -lo que implica la semilibertad- para seis presos de ETA, con lo que suma ya 23 concesiones a condenados etarras desde que, el pasado octubre, Pedro Sánchez le cedió la competencia de Prisiones. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu avanza así en lo que consideran un plan para la «convivencia y normalización» en el País Vasco, que continuará a partir de septiembre con la puesta en marcha de los encuentros «restaurativos» entre las víctimas y presos.

El Gobierno vasco impulsa este plan de «justicia restaurativa», uno de los pilares de su modelo de gestión de las prisiones, «con independencia del tipo de delito», lo que incluye por tanto también a los reclusos condenados por delitos de terrorismo que cumplan sus penas en las cárceles del País Vasco. La intención es que esos encuentros se lleven a cabo de forma discreta y voluntaria entre víctimas y victimarios.

Desde el departamento de Justicia vasco se defiende que estos encuentros «permiten a las personas dañadas por el delito y a las responsables del daño a participar activamente en la resolución de las consecuencias resultantes del delito con la ayuda de una tercera persona independiente y cualificada». Sus resultados, concluyen, son satisfactorios al «activar un proceso que beneficia a la víctima porque tiene la oportunidad de expresar sus necesidades y de ser parte activa en la forma en que el victimario repare su daño». La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, considera que esta herramienta puede ser de «gran utilidad para seguir avanzando en la convivencia en el País Vasco, tras las sangrientas décadas de terrorismo de ETA».

Semilibertad

Entre tanto, el Ejecutivo autonómico acaba de conceder nuevos terceros grados a presos de ETA. Entre ellos está Lierni Armendaritz, miembro del comando Barcelona y condenada, entre otros delitos, por el asesinato del ex ministro y diputado del PSC, Ernest Lluch.

Esta etarra también tiene en su historial otra condena de 34 años de cárcel por el crimen del concejal del PP en Sant Adrià de Besòs José Luis Ruiz Casado; de 47 años como responsable del asesinato del miembro de la Guardia Urbana de Barcelona Miguel Gervilla y de 47 años por el asesinato del concejal del PP de Viladecavalls Francisco Cano.

Además, el Gobierno vasco ha aprobado la semilibertad para Juan Carlos Subijana, condenado en 2010 por la Audiencia Nacional como colaborador del atentado que acabó con la vida del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera el 22 de octubre del año 2000.

La propia Artolazabal afirmó hace unos meses que «buena parte de los presos de ETA que están llegando al País Vasco cumplen o están a punto de cumplir los requisitos para la progresión de grado», lo que abre la puerta a nuevas concesiones en ese plan de «convivencia».

La Fiscalía procede posteriormente al análisis de los casos y, de hecho, recurrió el del histórico dirigente ETA José María Arregui Erostarbe, alias Fiti, avalado en febrero por el Gobierno Vasco.