El Tribunal de Cuentas se adelanta al Supremo y da el primer paso para recurrir la amnistía en Europa

El Tribunal de Cuentas da el primer paso para frenar la amnistía en el juicio que se sigue por la responsabilidad contable derivada del procés, en relación con la organización del 1-O y la Acción Exterior del independentismo. La Consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento y encargada de emitir el fallo, Elena Hernáez, ha dictado una providencia dando audiencia a las partes, por un plazo común de diez días, a fin de que se pronuncien sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las partes podrían oponerse a la interpretación que el TJUE viene realizando de determinados preceptos del Derecho de la Unión Europea.

Los independentistas se enfrentan a pagar cantidades millonarias si son condenados en este juicio que se sigue en el Tribunal de Cuentas. Las conclusiones de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas cifra el reintegro a las arcas públicas en 3,1 millones de euros de manera conjunta y solidaria a 35 ex dirigentes políticos y funcionarios de la Generalitat de Cataluña. Esta petición se debe a su implicación en el desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O, que cifra en 883.695 euros, y la actividad exterior del Govern, que supuso un quebranto de 2.209.503 euros públicos, según el Ministerio Fiscal. Por su parte, la acusación popular ejercida por la asociación Sociedad Civil Catalana reclama al independentismo 5 millones de euros.

El juicio había quedado visto para sentencia, sin embargo, la amnistía lo ha paralizado. La consejera encargada de emitir el fallo ha planteado a las partes que se pronuncien en relación con una serie de artículos de la amnistía que ya ha sido publicada en el BOE por lo que debe aplicarse. En concreto, los artículos cuestionados en la resolución son el 1, 2e, 8.3, 10 y 13.3.

En cuanto a los preceptos del Derecho de la Unión Europea –cuya interpretación podría pedirse al TJUE por el Tribunal de Cuentas mediante el planteamiento de la cuestión prejudicial– son los relativos a la «lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE», al «principio de cooperación leal», a los «principios de igualdad y de no discriminación» y a los «principios de seguridad jurídica y confianza legítima» y al «principio del Estado de Derecho».

OKDIARIO ya adelantó este movimiento. Plantear dudas ante los tribunales de la Unión sobre la amnistía era algo que se barajaba dentro del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, había dudas sobre si el TJUE podría pronunciarse en este caso. Fuentes jurídicas señalan que la cuestión prejudicial no plantea dudas sobre la legitimación activa, ya que ha sido presentada por un departamento del Tribunal de Cuentas que hace funciones jurisdiccionales. Las mismas fuentes señalan que existen dudas sobre si el tribunal europeo pueda considerar que sea asunto de su incumbencia debido a que tienen que versar sobre la interpretación de una norma del Derecho de la Unión Europea que sea aplicable al litigio principal.

Sentencia en suspenso

El futuro de la aplicación de la amnistía, al menos en el Tribunal de Cuentas por el momento, está en Europa. La consejera había dejado visto para sentencia el juicio a los líderes del procés y el plazo para emitir el fallo expiraba en tan sólo unos días. Elena Hernáez ha optado por esperar a la publicación de la amnistía el BOE antes de dictar una sentencia. Según los juristas consultados, la amnistía extinguiría la responsabilidad contable por la que pudieran haber sido condenados.

La consejera, sin embargo, ha decidido hacer un movimiento previo y preguntar a las partes si debe acudir a Europa. De este modo, el plazo para dictar sentencia ha quedado en suspenso hasta que se resuelva definitivamente sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial al TJUE. Si finalmente se presenta, la resolución podría tardar años. De este modo, el fallo pendiente en el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable derivada del procés queda a la espera.

Altos cargos

Esta causa afecta a 35 ex altos cargos del Govern catalán, entre los que se encuentra el fugado de la justicia Carles Puidemont. También figura el ex presidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros, más un millón de euros de intereses, por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

La lista la completan los ex consellers condenados por el Tribunal Supremo, Raül Romeva y Jordi Turull; ex consellers en el extranjero, como Toni Comín y Lluís Puig; y ex delegados de la Generalitat en el extranjero. Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O. Todos ellos están a la espera de amnistía cuya aplicación se decidirá en Europa si la consejera plantea una cuestión prejudicial, un movimiento del que ya ha dado audiencia a las partes.