El Supremo tumba la querella de Podemos contra el juez García-Castellón por ‘lawfare’

El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella presentada por Podemos en noviembre contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón como supuesto caso de lawfare. La formación morada también se enquerellaba contra su refuerzo, el magistrado Joaquín Gadea. Acusaban a ambos de delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas.

El partido fundado por Pablo Iglesias consideraba que tanto García-Castellón como Gadea habían reabierto ilícitamente la investigación contra Podemos y sus líderes por presuntos delitos de financiación de partidos, blanqueo de capitales y delito fiscal. El proceso se había reiniciado por las declaraciones del ex jefe de la Inteligencia venezolana, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, cuya extradición había sido solicitada por Estados Unidos.

La Sala ha acordado que inadmitir la querella porque no ha constado que existan indicios de delitos en la actuación que llevaron a cabo García-Castellón y Gadea.

El Alto Tribunal reconoce que la información que reveló Carvajal tenía vínculo con el objeto de la investigación que se había llevado a cabo en la Audiencia Nacional por delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito fiscal y blanqueo de capitales. Por eso, el magistrado estaba obligado a investigar y también a verificar la veracidad de esas informaciones.

Finalmente, el Tribunal Supremo también ha acordado que resultaba injustificado que se declarase el secreto de sumario. Entonces, el Ministerio Fiscal se mostró conforme con la decisión de los magistrados.

«Es perfectamente legal»

La Fiscalía ha defendido la decisión del juez García-Castellón. Consideraba que reabrir el caso «es perfectamente legal» y valora su decisión como «correcta desde el punto de vista de las obligaciones del juez de instrucción que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin vulneración alguna ni de las reglas de competencia ni del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley».

Según el fiscal Salvador Viada, autor del escrito, «no hay aquí una ‘resolución injusta’ sino una decisión debida y cubierta por la necesidad de verificar una información que provenía de una persona en posición, presuntamente, de aportar pruebas de los delitos que se señalaba se habían cometido».

De acuerdo con el Ministerio Público, no se cumple con los requisitos necesarios para que pueda considerarse prevaricación a la actuación respecto a la declaración de secreto por parte de los jueces de instrucción que decidieron reabrir el caso contra Podemos y sus líderes.

Pablo Fernández, uno de los portavoces nacionales de Podemos, criticó la actuación de García-Castellón y de Gadea y definió su actuación como un caso «paradigmático» y «palmario» de lawfare. El dirigente de la formación morada valoraba que los magistrados habían ejercido su trabajo más allá de lo permitido por la ley a través de una investigación «prospectiva» y que perseguía como «único objeto» el de «perjudicar reputacinalmente» al partido que ahora dirige Ione Belarra. El vocero de Podemos recriminó a los jueces que habían cometido una «auténtica infamia» y «una absoluta vergüenza» en su actuación judicial.

La Fiscalía ha admitido que «es indudable que los datos que se incorporaron a la causa fueron objeto de noticias periodísticas»; sin embargo, ha insistido en que no hay «ninguna» prueba que demuestre que los jueces violentaran el secreto sumarial. El fiscal ha apuntado, finalmente, que esa acusación «se trata de una afirmación temeraria».