El Supremo tumba el ‘decretazo’ de Sánchez para echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra

El Tribunal Supremo ha anulado este lunes el Real Decreto por el que el Gobierno de Pedro Sánchez acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra. El Supremo estima así el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL), quien denunciaba que la decisión obligaría a abandonar Navarra a 200 agentes y que sería el primer paso para expulsar al Cuerpo de la región que preside María Chivite. Extremo que ha confirmado el Supremo, desmontando la posición del Gobierno foral que apuntaba a que los guardias «están satisfechos» con el traspaso.

Los magistrados han concluido que no es posible recurrir a un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, ni tampoco amparada en su «derecho histórico».

Añade el Supremo que esas competencias de Tráfico podrán asumirse por Navarra, «pero, o bien reformando la LORAFNA, o bien mediante una ley orgánica del artículo 150.2 de la Constitución». Las prisas para hacerlo por Real Decreto han supuesto la anulación del plan de Sánchez.

La sentencia resalta que la LORAFNA (equivalente a un Estatuto de Autonomía) «no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra».

De esa forma, el Supremo se pregunta si para que la Comunidad Foral de Navarra asuma las funciones y servicios en materia de tráfico y vehículos a motor que viene desempeñando la Guardia Civil, basta el Acuerdo de traspaso por ostentar ya la competencia en esa materia al formar parte de su Derecho histórico o bien, por no ostentarla, «se precisaría la reforma de la LORAFNA, conforme a su artículo 71, o una ley de transferencia del artículo 150.2 de la Constitución».

Agregan los jueces que «es preciso indagar qué competencias tenía Navarra respecto de tráfico y vehículos a motor al tiempo de promulgarse la LORAFNA. Y la realidad normativa posterior y previa a la LORAFNA, destaca la sentencia, es que la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función subordinada».

Asimismo, la sentencia rechaza la alegación que realiza la Comunidad Foral Navarra de falta de legitimación activa de la asociación JUCIL para presentar el recurso.

«Afecta a los guardias»

El Supremo contesta en su decisión de este lunes que, «paradójicamente, la mejor defensa de la legitimación activa de JUCIL la hace la propia Comunidad Foral de Navarra. Para negársela, sostiene que el traspaso no afecta a la Guardia Civil y a renglón seguido, alega que los intereses profesionales, personales y familiares de los guardias civiles afectados por el traspaso están satisfechos. Para ello nos dice que podrán cambiar de funciones o seguir desempeñándolas «en otros destinos geográficos», es decir, yéndose de Navarra o, en fin, podrán integrarse en la Policía Foral de Navarra”.

Y para el tribunal, «es obvio que cualquiera de esas alternativas incide, al menos, en los intereses profesionales de los guardias civiles y lo hace hasta el punto de prever su integración en otro cuerpo policial».

Recurso al Supremo

El Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo foral acordaron en marzo del pasado 2023 que Navarra recuperase las competencias sobre el tráfico y la circulación de vehículos a motor, que se materializó en el Real Decreto 252/2023, de 4 de abril, y que Navarra comenzó a ejercer desde el pasado día 1 de julio.

La asociación profesional JUCIL, como respuesta, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo frente al Real Decreto, al considerarlo «no ajustado a derecho y perjudicial para los intereses de su colectivo».

El Gobierno foral de María Chivite decidió personarse en el recurso, por si pudiera «verse afectada en su autogobierno concretado en sus funciones y servicios». Así, encomendó el asunto al Servicio de Asesoría Jurídica, que ha ejercido la defensa y representación de la Comunidad Foral en la causa.

Cabe recordar que el Gobierno de Navarra ya acordó personarse en otro recurso contra el citado traspaso de competencias, presentado en este caso por la Unión de Oficiales de Guardia Civil Profesional.